El tiro de gracia contra la seguridad social solidaria

El costo de la falta de liquidez, generado por la COVID-19, a diferencia de lo que ocurre con el sistema bancario, se carga radicalmente sobre la población asegurada. Foto: Archivo.

En diciembre del 2005, los sectores económicamente dominantes, con la complicidad del gobierno de turno, decretaron la muerte del sistema solidario de pensiones (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).

Con esto no solo pusieron en gravísimo riesgo las pensiones de toda una generación de asegurados, quienes habiendo sido solidarios con los actuales pensionados, han sido privados de la posibilidad que la nueva generación sea solidaria con ellos.

También, al forzar a esa nueva generación a entrar en el infame régimen de cuentas individuales, la condenaron a sufrir de pensiones de miseria cuando les llegue el momento de retirarse.

Nuevamente los sectores económicamente dominantes y el gobierno de turno entran en colusión, ahora con el fin de darle el tiro de gracia al ya moribundo sistema solidario de pensiones. Para entender cómo los mismos han actuado con premeditación, ventaja y alevosía, es conveniente recordar el impacto de la COVID-19 sobre la Caja de Seguro Social (CSS).

Las necesarias medidas de confinamiento y distanciamiento social, que ha generado la perspectiva de un 25.0% de desocupación de la fuerza laboral, así como una masiva suspensión de contratos de trabajo, generaron un impacto negativo muy significativo sobre las finanzas de la CSS, que vio reducir drásticamente su recaudación de cuotas, mientras que se mantenía la necesidad de seguir cumpliendo con el pago de las pensiones. El resultado ha sido una falta de liquidez (dinero contante y sonante) para el pago de estas.

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Si el país contara con un gobierno con un mínimo de sentido humanista y de equidad social, se hubieran puesto en práctica medidas de apoyo para la CSS, cumpliendo con la Ley Orgánica de la misma, que contiene, entre sus principios, el de la subsidiariedad. Esta define la subsidiariedad de la siguiente manera: "El Estado contribuirá con la Caja de Seguro Social, en los casos y dentro de los límites previstos en esta Ley, con el fin de que pueda cumplir eficientemente con el desarrollo de sus funciones…".

Desgraciadamente, el país no cuenta con un gobierno inclinado a priorizar los intereses de la población. Su prioridad ha sido atender la liquidez de la banca, para lo que ha generado un endeudamiento de más de $1,000.0 millones. Esto contrasta con la nula ayuda que el Estado ha ofrecido a la CSS.

En este contexto, con la anuencia de la Dirección de la CSS, se ha realizado una transacción que le da el tiro de gracia al modelo solidario de pensiones. Esto en base a una reciente resolución de la Junta Directa, propuesta por la administración de la institución, por medio de la cual se autoriza la reventa al Estado de Letras del Tesoro y Bonos del Tesoro, propiedad del Subsistema de Beneficio Definido por un monto de $396.4 millones, con la finalidad de "atender los compromisos" de este subsistema.

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El costo de la falta de liquidez, generado por la COVID-19, a diferencia de lo que ocurre con el sistema bancario, se carga radicalmente sobre la población asegurada. La venta de esos activos significará una descapitalización, esto es la desaparición de cerca del 28.0% de la ya frágil reserva del subsistema solidario. Es su hora final.

Se evidencia, además, que el gobierno ha tomado parte de los endeudamientos externos, que supuestamente servirían para ayudar a la población, para recomprar los activos mencionados de la CSS.

Este, junto a la patronal, ha encontrado un mecanismo para llevar al extremo la situación del Subprograma Solidario de Invalidez, Vejez y Muerte, con el fin de adelantar su reforma regresiva, la que deberá sufrir la población asegurada.

No solo es importante denunciar la situación, es el momento de tomar conciencia y movilizarse en defensa de la seguridad social solidaria.

Economista.