Sexo educativo

Las cifras de madres adolescentes y de estudiantes embarazadas son el resultado de una inmadurez sexual en la que fluctúan la inexistencia de políticas educativas, relajamiento del ambiente hogareño y el tórrido clima tropical. Más de 24,000 adolescentes son madres a nivel sexual y cerca de un millar y medio de escolares embarazadas son parte de una estadística oficial del Programa de Fondo de Población de Naciones Unidas, que no recoge probablemente cifras extraoficiales de zonas de difícil acceso a los encuestadores.

Sin embargo, hay que sopesar las estadísticas sobre la base de hechos fisiológicos inherentes al organismo femenino y de costumbres ancestrales.

La capacidad reproductora de la mujer aparece antes de la pubertad, ocasionando una temprana y descontrolada iniciación sexual que suele llevar a la maternidad descontextualizada de la estructura familiar. La biología choca con los códigos: la mujer puede tener hijos desde que menstrúa; pero el Código de la Familia establece que no pueden casarse los varones menores de 16 años y las mujeres menores de 14 años, aunque los puede validar si la pareja ha convivido al llegar a la edad mínima legal de 18 años. En áreas rurales, las costumbres ancestrales aceptan como natural la procreación de uniones de hecho.

La fragilidad de esta clase de relaciones sexuales es de orden socioeconómico y jurídico. En otras palabras, las consecuencias sociales de la precocidad sexual constituyen el centro de la preocupación del Estado. Los hijos de padres adolescentes carentes de recursos económicos se desenvuelven en un medio indebidamente estructurado, a no ser que la responsabilidad del mantenimiento y educación sea asumida por miembros del grupo familiar.

Es en este punto en el que la educación sexual se plantea con la fuerza de un imperativo social y moral. Las adolescentes deben recibir una enseñanza que trate de ponerlas a cubierto de las consecuencias de la maternidad sin sustento socioeconómico. No puede seguir confundiéndose erotismo con enseñanza sexual, tal como plantean organizaciones que, supuestamente, por defender valores morales, alientan involuntariamente la ignorancia en una materia connatural a los seres humanos.

No se puede dudar de la buena voluntad de tales asociaciones. Pero los planes de enseñanza no deben proseguir eludiendo una adecuada educación sexual ante la realidad de las estadísticas procesadas por la ONU. En las comarcas indígenas, según estas estadísticas, una de cada tres embarazadas es una menor de edad. En medio de esta situación hay que poner atención en los hijos de las adolescentes que agrandan la cadena de la desestructuración familiar. Hay que investigar también cuántos pandilleros y sicarios del ambiente urbano son producto de maternidades producidas por la ignorancia en materia de prevención de nacimientos no responsables.

Los ministerios de Educación y Desarrollo Social deben intensificar programas de alcance integral en medios urbanos y rurales para reencauzar la secuencia que va del embarazo precoz a los hijos desamparados que puedan caer en el caldo de cultivo del extravío social. La enseñanza debe comprender asimismo a los padres posibilitando su acceso a la divulgación pedagógica. Está en juego la estabilidad social de las nuevas generaciones de panameños y panameñas.