¿Qué pasó con la ley de carrera judicial?

Con el evidente propósito de establecer la autonomía del Organo Judicial, formalizando legalmente la incompatibilidad de jueces y magistrados con la política gubernamental, se dictó la ley de la Carrera Judicial en el año 2013 y su respectivo reglamento por el Acuerdo No.1 de 2018.

Sin embargo, no se ha implementado la vigencia y aplicación de estas importante normas de preservación del Estado de Derecho debido a que los gobiernos anteriores y actuales no han procedido a proponer la derogatoria de los artículos de la Constitución de 1972 que otorgan al Organo Ejecutivo mediante el Consejo de Ministros y el Organo Legislativo los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De forma tal, que se mantendrá la politización de la justicia, subordinada al Ejecutivo y el Legislativo, mientras no se deroguen el artículo 200 numeral 1 y 2 de la Constitución , incluyendo el Capítulo II sobre Cargos Judiciales del Código Judicial, y se proceda a la anhelada ejecución de la Ley de la Carrera Judicial.

La ley de 2013 creó el Consejo Judicial para normar las tres carreras : la judicial propiamente dicha, la carrera administrativa del OJ y la Carrera de la Defensa Pública, en el contexto del establecimiento "de los procedimientos para el ingreso, traslado y ascenso de aspirantes en las vacantes que se produzcan mediante la demostración de su aptitud, de conformidad con las funciones que les correspondan desarrollar y las habilidades y destrezas que deban exhibir en el desempeño, previa acreditación de sus antecedentes y meritos."

Por otro lado, el reglamento de esta ley fijó los requisitos o contenidos ponderables para nombramientos de magistrados y jueces : antigüedad 30%; especialidad 30%; evaluación del desempeño 30%; ausencias o historial de sanciones disciplinarias 10%; puntaje según cargos desempeñados de 4,3,2, 1. La Especialidad se refiere a experiencias jurídicas en Agro, Civil, Familia, Laboral, Libre Competencia, Marítimo, Niñez y Adolescencia, Penal de adolescentes, Penal, Integridad, Transparencia, ejercicio universitario, investigaciones y trabajos académicos, seminarios, conferencias, capacitación, diplomados acreditados con certificaciones fiables, publicaciones de libros, artículos de revistas jurídicas , maestrías, doctorados, post-grados, y una antigüedad judicial máxima de treinta años.

Consideramos que se debiera debatir cuanto antes acerca de la creación de un Tribunal Constitucional que se haga cargo de la casuística y respete la jurisdicción competente para rechazar la admisión de recursos, como se ha visto, de ingerencia injustificable en asuntos concernientes al Tribunal Electoral.

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En resumen, existe un clamor unánime para la pronta ejecución de la ley de la Carrera Judicial para que desaparezca la intromisión política recurrente en nombramientos de jueces y magistrados.

El antiguo argumento de carencia de recursos presupuestales para no implementar la Carrera Judicial habría desaparecido si , por ejemplo, se hubiera dedicado para tal fin y no a la ficticia Descentralización Paralela con el ingreso por concepto de tributación de bienes inmuebles.

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