¿Preocupados por las pensiones o por sus intereses?

Recientemente un grupo de personas que se autoproclaman como "ciudadanos preocupados", la mayor parte de estos vinculados a los grandes intereses financieros, publicaron un libelo destinado a justificar la total desaparición de la solidaridad en nuestro sistema de pensiones. Este está caracterizado por conceptos distorsionados y pruebas que, disfrazadas de evidencias matemáticas, resultan falsas en su contenido.

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Los "ciudadanos preocupados" en su diagnóstico olvidan, por razones obvias, los efectos de la Ley 51 sobre los problemas financieros del régimen solidario. Se ven, entonces, obligados a recurrir al argumento demográfico. El mismo está pésimamente planteado, ya que no toma en cuenta una serie de evidencias que indican que es falso que la esperanza de vida seguirá creciendo sin límite.

Joseph Stigliz, entre otros, ha destacado recientemente que en los Estados Unidos la esperanza de vida es hoy inferior a la que existía hace 7 años, mientras que las publicaciones más serias en el campo de la salud han advertido que el fenómeno del calentamiento global afecta crecientemente la esperanza de vida. En referencia a la COVID-19 se puede añadir, por ejemplo, que la información actualizada muestra que en Francia durante el 2020 la esperanza de vida se redujo en medio año debido a esta pandemia.

También olvidan los "preocupados" que la esperanza de vida después de la edad de jubilación es diferente para distintos grupos socioeconómicos, siendo mayor para los de ingresos más elevados e inferior para los más vulnerables.

Además, lo que interesan son los años de buena salud luego de la edad de jubilación. Los mismo son para el conjunto de la Unión Europea de 64.2 años para las mujeres y 63.7 años para los hombres. ¿Cómo justificarían los "ciudadanos preocupados" la propuesta de elevar la edad de jubilación de los hombres a 67 años y el de las mujeres a 62?

La relación entre cotizantes y pensionados también está mal planteada, ya que lo que interesa es la relación entre la totalidad de los salarios de los activos y el monto total de las pensiones. La rentabilidad de un modelo solidario es, entonces, igual a la suma de la tasa de crecimiento de la ocupación y la tasa de crecimiento de la productividad, tal como lo demostró Samuelson en 1953.

En Panamá en los últimos 30 años, para seguir los ejemplos de los "preocupados", la rentabilidad acumulada del sistema solidario debió ser de 274.5% en términos reales y de 352.2% en términos corrientes.

Siguiendo la idea de Solow del trabajo equivalente, dado los incrementos de productividad observados, un cotizante del 2019 equivaldría en términos reales a casi 2 cotizantes de 1989 y a 3.5 y a más de 3.5 en términos corrientes. Si esto no se dio fue porque la Ley 51 lo impidió y porque los sectores económicamente dominantes mantuvieron el incremento salarial por debajo de los aumentos de la productividad y de la inflación.

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Para complementar el análisis anterior se debe señalar que los cálculos de los "ciudadanos preocupados" están evidentemente amañados. Hacer un cálculo sobre personas que ganan un salario de $800.0 mensuales resulta ridículo teniendo en cuenta que en 2019 el 61.0% de la población ganaba menos que eso, mientras que 10 años antes el 86.5% de los asalariados se encontraban debajo de ese nivel.

Además, se debe agregar que los "ciudadanos preocupados" no tomaron en cuenta la inflación para comparar lo que en términos reales aporta el asegurado con lo que reciben como pensiones. Las cuotas aportadas, así como las pensiones recibidas, pierden valor a un ritmo promedio de cerca del 2.0% anual.

Solo queda una pregunta: ¿preocupación real por las pensiones o intereses materiales?

Economista.