Poderes constituidos

La lucha por el poder ha sido siempre -y de manera permanente- la razón de ser de la política. Cualquier lectura de la historia de la Humanidad, nos conduce necesariamente a la búsqueda del poder, a la lucha por el poder; o sea, la posibilidad de imponer la voluntad propia a los demás. Para tal fin, los medios han ido variando sin dejar de ser los mismos: la fuerza, el dinero, el conocimiento o cualquier otro instrumento que obligue a otros a hacer lo que, de otra forma, no harían.
En toda sociedad moderna los elementos esenciales del Estado son, como sabemos, pueblo, territorio, soberanía y gobierno o poder político. El poder político es el elemento dominante del Estado, y al conjunto de los órganos que lo ejercen le llamamos Gobierno. Sin embargo, de nuestros días, el poder político no se puede ejercer de cualquier forma y como formamos parte de una comunidad jurídica internacional fundada, en primer y en último término, en valores constitucionales, es a esos valores a los cuales el poder político debe, en todo momento, obediencia.
Darle estructura y forma jurídicas al poder político contribuye a constitucionalizarlo; es decir, a regularizar, controlar y a racionalizar sus manifestaciones fácticas. De ahí la obligatoriedad del poder político de funcionar de acuerdo a la Constitución, en armonía con "las reglas del juego" con las que cuenta la sociedad para garantizar la seguridad jurídica de todos sus integrantes.
Por ello, de acuerdo con la teoría clásica de la división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, deben estar sometidos a la Constitución.
Los Organos del Estado son, entonces, poderes constituidos y no poderes absolutos, arbitrarios, autocráticos, y su legalidad dependerá permanentemente de que sea la Constitución la que informe, enmarque y defina todo su actuar. No se puede obviar que parte esencial de la doctrina constitucional moderna lo es la teoría del poder constituyente y de los poderes constituidos, piedra angular para poder hablar de un Estado de Derecho, punto de partida para afirmar que "el Derecho Constitucional es el derecho del Estado cuando el Estado es de Derecho".
Es en base a todo lo anterior que cobra vigencia el constitucionalismo moderno como "esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político, sometiéndolo a la Constitución y a la Ley. O con más precisión: llegar a un punto en que quienes gobiernan sólo pueden actuar cuando la ley los autoriza, de la manera, con los efectos y para los fines en ella previstos, dado el supuesto de que también los gobernados únicamente pueden obrar dentro de la ley."
"El espíritu de las leyes", que debería orientar el "espíritu de las Constituciones" y por ende, el "espíritu de los poderes constituidos", pretende ser evadido por aquellos factores reales de poder que, en nuestro Panamá, no aceptan la dignidad humana como premisa y sus esperanzas en los deseos de una sociedad mejor y con valores orientadores y fines educativos.
Los acontecimientos que nos toca empezar a analizar con el arribo del gobierno de la denominada Patria Nueva y sus primeras actuaciones, de la mano de los "neotrepadores yuppies locales" con su mal llamada "política del derecho", hace de obligatoria referencia lo que nos enseña Don Rodrigo Borja en la página 783 de su Enciclopedia de la Política: "La plutocracia busca siempre el ejercicio del mando en beneficio propio, aunque se diferencie de la oligarquía en que ésta, siendo también el gobierno de pocos en su provecho, no tiene que ser necesariamente el gobierno de los ricos.
En otras palabras, mientras que la plutocracia es por definición el gobierno ejercido o inspirado por los sectores más acaudalados de la sociedad, la oligarquía es el ejercicio del poder para enriquecer al círculo gobernante, aunque éste no sea precisamente el más acaudalado. Allí hay una diferencia de matiz. Ambos son gobiernos de pocos, de un reducido grupo de persona, pero la plutocracia está inspirada por los sectores más enriquecidos de la sociedad, mientras que este elemento puede no estar presente en el gobierno oligárquico."
La plutocracia aspira a controlar los poderes constituidos por encima de la Constitución y de espalda al constitucionalismo. Sus movidas iniciales se dan de espaldas a la política como ciencia y al Estado de Derecho. Gracias a sus controles mediáticos y sus espoliques logran escudarse en la falacia y la bulla para intentar decapitar -en su beneficio-, la frágil institucionalidad y, sobre todo, plutocratizar también el espejismo de la independencia judicial.