Para Perlas San Miguel

En 1871, el archipiélago de Las Perlas conformaba la comarca de Balboa, Estado Soberano de Panamá. Tenía tres aldeas: San Miguel, Bolaños y Saboga. A la aldea de San Miguel, Isla del Rey, pertenecían los caseríos en las islas Cañas, Galera, Gallo, Pedro González, Mamei, San Pablo, Santelmo y Señora. De Bolaños dependían los caseríos en las islas de Bolaños, Bayoneta, Casaya, Gibaleón, Membrillo, Mina, Minita, Paja y Viveros. De la aldea de Saboga, los caseríos en las islas de Contadora, Chapera, Chitre, Pacheca y Pachequilla.

Comentaban Jorge Juan y Antonio Ulloa, 1735, en sus Noticias Secretas de América, que Castilla del Oro tenía mucho oro, sobre todo Darién y Veraguas. Pero se habían abandonado estas minas por las sublevaciones indígenas y a que la gente de Tierra Firme rehuía del duro trajín de la minería a favor de la bucería de perlas.

Tarea peligrosa a la que se dedicaron los buzos de cabeza, de mayo a diciembre, los meses de lluvia. Negros valientes, grandes nadadores que también eran agricultores de roza y pescadores. Salían en botes de vela y remo a los criaderos de perlas. Fondeados, se echaban al agua y bajaban 6 a 7 brazas. En un minuto arrancaban dos o tres conchas de las rocas que colocaban bajo el brazo izquierdo y una tercera en la mano derecha. Volvían al bote a descargarlas para sumergirse de nuevo. En una marea podían bajar 40 veces y recoger unas 50 libras de concha nácar. Tres conchas hacían una libra.

Entre 1860-70, aparece el traje moderno de bucear. La escafandra permitió trabajar más hondo y más tiempo. Surgen las empresas de bucería con sede en Panamá, Soná, Remedios y Pedregal. Cada armada tenía su buque madre, cuatro botes de vela con compresor que, por una manguera, enviaba aire al buzo de escafandra. Estos bajaban hasta 33 metros y en una marea recogían hasta 200 libras de concha. El buzo recibía 2 dólares por quintal de concha. Las conchas se abrían en el buque madre, bajo el ojo de oficiales de la empresa. A esta pertenecían las perlas y conchas.

Para 1890, la sobrepesca agotaba la madre perla. Bogotá licita el derecho a bucear perlas con escafandra. Grava cada aparato con un impuesto de 250 pesos anuales y por tonelada de concha nácar. Se establecen zonas de bucería y tiempos de veda. La Cañonera Boyacá es asignada a impedir el buceo con máquina en sitios reservados a los buzos de cabeza.

Conchas y perlas iban a manos de los comerciantes de Panamá que tenían compradores en las islas. En 1869, el comerciante capitalino Buenaventura Ruiz vende a Pablo Rossi, su tienda y la balandra Paloma de cinco toneladas que tenía en isla Saboga, por 600 pesos. En 1899, Joshua Levy Maduro, gran negociante capitalino, contrata a Eugenio Pinillo para administrarle sus negocios en isla Saboga. Maduro le adelanta 300 pesos para que compre concha. Pinillo le hipoteca a Maduro su casa en la Calle de la Ciénaga en Panamá, ubicada entre la casa del chino Feliz y la de chino Felipe.

Millones de pesos rindieron en perlas y nácar estas islas. A Madrid, a Bogotá y Panamá. De esta riqueza marina poco quedó a San Miguel.

En 1926, ante la extrema pobreza de las islas, el Consejo Municipal de San Miguel, grava la venta de ñame, otoe y la pesca de la madre perla. Furioso, el Gobierno central en Panamá declara, 1927, que "la Constitución y el Código Administrativo" no autorizaban al Consejo de Balboa a establecer contribución alguna. Lo firma el presidente liberal Rodolfo Chiari. Postulaba el liberalismo istmeño que, el progreso y la democracia, dependían de la descentralización y de fortalecer los municipios.

Dos años después, 1929, Chiari da contrato exclusivo por cuatro años, al inglés George William, para explorar terrenos, monumentos, ruinas coloniales del Estado tras tesoros ocultos. Primero, a lo largo de los caminos coloniales de mar a mar. El Camino Real Panamá -Nombre de Dios. El de Portobelo-Panamá La Vieja y Cruces-Panamá la Vieja.

Se le permite explorar tesoros en las islas de Las Perlas, Venado, Quebro, Cébaco, Gobernadora, Montuosa y Contreras. En San Blas, la Isla de Oro y Punta Escocesa. También entorno a los pueblos de Natá, Aguadulce, El Real, Yaviza y Chepo. Y a lo largo del río Chucunaque. La Nación daba protección policial al concesionario, quien se obligaba a entregar al Gobierno central el 25% del valor total de las riquezas extraídas.