Moral y ética panameña

El juicio moral que hace nuestra sociedad, al juzgar las acciones de sus miembros, clasificándolas como buenas o malas de acuerdo con la aprobación o desaprobación de su propia ética comunitaria, se basa en lo que consideramos son acciones deseables y éticamente aceptables.

Por eso, al hacer ese juicio valorativo como sociedad también constituimos y definimos nuestros valores y virtudes humanas, esos conceptos absolutos, universales e incondicionales que tiene como fin nuestro perfeccionamiento colectivo a largo plazo.

De ese conjunto de obligaciones, prohibiciones y deberes normativos e imperativos proviene nuestra moral, como máxima para decidir qué debemos hacer en determinadas circunstancias, sin cálculos egoístas.

Así, por ejemplo, el comerciante que solo es honrado para conservar a sus clientes e incrementar sus ganancias no actúa moralmente, sino económicamente.

Lo importante aquí es el valor moral de las acciones, libres de su fin o meta, por ser una obligación absoluta e incondicional que responde a nuestra humanidad, no a fines comerciales o al miedo del infierno o a la esperanza del paraíso (en el caso de creyentes religiosos).

Pero en Panamá, ¿cómo juzgar lo que es objeto de aprobación o desaprobación, especialmente si es representativo de lo que agrada o desagrada moral o éticamente?

Fijémonos en las acciones de los tres órganos que ejercen el poder público de nuestro Estado, pues allí abundan este tipo de actuaciones, si bien incluso sobran en el ámbito privado.

Aunque primero ¿de dónde procede históricamente nuestra moral panameña? ¿Tiene alguna universalidad?

Un vistazo superficial y somero de sus orígenes muestra su convergencia con los deberes y derechos humanos de la civilización occidental, que nos obligan, por lo tanto, a actuar humanamente.

Sin embargo, este antedicho juicio valorativo es una facultad para diferenciar entre nuestros deberes y derechos y esas otras actuaciones defectuosas e imperfectas que vemos por ejemplo en los tres órganos del Estado - como planillas falsas en la Asamblea Nacional, escuchas ilegales de ciudadanos por parte del Ejecutivo o procesos judiciales amañados en nuestro sistema judicial.

La ética debe ayudarnos a establecer una relación moral óptima, a fin de juzgar bien ese tipo de actos de dudosa calidad humana mencionados arriba, pero lamentablemente en Panamá, de estas ideas primarias surge otra moralidad paralela que nos da una ética deformada por el transitismo hegemónico y racista de la época colonial (1501-1821), del libertinaje anárquico del periodo colombiano (1821-1903), y del supuesto excepcionalísimo canalero de nuestra era republicana (1903-2018).

Es la ética del juegavivo panameño que preconiza la mentira, el egoísmo, el robo, la violencia, el odio, la crueldad; que invierte valores y virtudes; que traza un camino de antipatías y oscilaciones ilógicas; que confunde las nociones morales de premio y castigo al aprobar planillas falsas, al castigar a las víctimas de escuchas ilegales y al aplaudir sentencias judiciales amañadas.

Esa ética aberrante declara libre de todo pecado a diputados inmorales, a magistrados sobornables y a servidores públicos coimeros y nos hace prisioneros y guardianes de la misma.

Ciudadano.