La necesaria lucha por la real reversión del Canal de Panamá
- Juan Jované
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- opinion@epasa.com
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Para dar un ejemplo concreto, llama la atención de que mientras que en Panamá con su Canal no se cumple con la ley que obliga llevar el gasto público en educación al 6.0% del PIB, en Costa Rica este indicador llega a 7.1%.

En la lucha por perfeccionar nuestra soberanía el proyecto nacional siempre apuntó hacia la recuperación del Canal de Panamá y las áreas comprendidas en la antigua Zona del Canal, entendiendo que esto expresaba el objetivo que dichos bienes quedaran en manos de su legítimo dueño: el pueblo panameño. En este sentido el llamado proceso de reversión debió significar que el uso, goce y disposición sobre estos bienes quedara en manos del mismo. Si hoy nos preguntamos si este proceso se ha cumplido efectivamente, la respuesta, lamentablemente, es que no.
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Antes de precisar los mecanismos que han permitido la desposesión que ha sufrido la población panameña, vale la pena recordar el significado real y potencial del activo más importante de nuestro país. En efecto, el Canal de Panamá, administrado por la ACP, generó en el 2017 ingresos totales por $2,853 millones, de los cuales, aproximadamente, $1,694 millones se convirtieron en beneficios brutos de esta institución. La magnitud de esta última cifra se puede apreciar si se tiene en cuenta que esta equivale al 27.3% del total de la inversión bruta de capital fijo gubernamental durante el mismo año.
Si se tiene en cuenta la capacidad del Canal para aportar recursos al Gobierno Nacional, los que en el 2019 pueden alcanzar hasta $2,000 millones, se debería esperar que los mismos beneficiaran de manera contundente a la población panameña. Esto, sin embargo, choca contra la dura realidad. Seguimos teniendo escuelas rancho, un sistema de salud totalmente colapsado, mientras la mayoría de la población sufre de problemas de abastecimiento de agua potable y transporte. Para dar un ejemplo concreto, llama la atención de que mientras que en Panamá con su Canal no se cumple con la ley que obliga llevar el gasto público en educación al 6.0% del PIB, en Costa Rica este indicador llega a 7.1%. La cruda situación es que los excedentes canaleros simplemente están alimentando la corrupción gubernamental, a la vez que sirven para mantener un bajo nivel de impuestos sobre los más ricos. Los reales beneficiarios de los frutos del Canal de Panamá son los sectores económicamente dominantes y sus aliados políticos.
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Además, la parte del excedente que queda en manos de la junta directa de la ACP, en la que no existe ninguna representación popular, está prácticamente secuestrada por los sectores económicamente dominantes del país. Se trata de un organismo que utiliza estos excedentes, así como una deuda que en el 2017 representó el 4.1 de PIB para promover un estilo de desarrollo que no responde a los intereses de la población, sino al de quienes la dominan. La ACP, con la reciente elaboración del llamado "Transportation Infraestructure and Cargo Logistic Master Plan for the Interoceanic Zone of the Panama Canal", pretende definir, sin ninguna consulta con la población, toda la estrategia económica del país.
Es, entonces, urgente iniciar una cruzada destinada a lograr la verdadera reversión del Canal de Panamá, a fin de que la nación sea su efectivo dueño. Empecemos por recuperar la junta directiva y la administración para los sectores populares.
Economista
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