... la función de extensión se mercantiliza al convertirla o destinarla a ser fuente de recursos para sufragar el costo de la educación superior, sea a través de la venta directa de servicios al público, sea través de la construcción de alianzas cuasi comerciales, bien con el Estado, bien con las corporaciones privadas.
Las universidades "valen" más o menos, según su puesto en los referidos rankings. Foto: EFE.
Escribió Boaventura de Sousa Santos en la apertura de la Conferencia Regional Universitaria de Educación Superior en Córdoba, Argentina en 2018: "la extensión que nunca ha sido tan importante como hoy.
La extensión ha sido desviada por el neoliberalismo como forma para obtener fondos para la universidad. Esto es una perversidad, esto no es extensión es prostitución. La extensión tiene que ser una manera de buscar una investigación cuyos evaluadores no son expertos anónimos, son la gente de nuestra comunidad. No es llevar la universidad para afuera, es traer el conocimiento no universitario para adentro. La universidad no tiene que ser extensa, tiene que ser intensa".
Desde miradores críticos, de los cuales el citado autor portugués es un exponente conspicuo, la institución universitaria en América Latina y el Caribe está atravesada por una serie de contradicciones y se encuentra asediada por actores que desean hacer de ella un instrumento dócil de su dominio cultural. Dicho asedio y dichas contradicciones han sido agudizadas por la situación pandémica, la cual ha puesto al descubierto las abismales brechas sociales sobre la cuales se asienta todo el entramado social, incluidas las propias organizaciones que llamamos universidades.
La inequidad como rasgo definitorio esencial del sistema social vigente, encuentra en el seno de la universidad expresiones manifiestas, sobre todo, la inequidad de acceso a ese bien público social que es la propia Educación. Este "derecho social" se encuentra sistemáticamente negado a las grandes mayorías.
La negación se ve legitimada en el tiempo presente a través de la inequidad de acceso a los medios tecnológicos que posibilitarían poder recibir clases a distancia. Pero esto no es más que la punta del iceberg: por debajo está la sistemática exclusión que crea la mala calidad del sistema de educación público previo, dejado de lado por el Estado que lo dota de manera rutinaria y displicente, amén de la formación misma, a cargo de formadores que no forman, pues, no poseen ni dominan las claves (tecnológicas, pedagógicas y científicas) para formar con calidad en la sociedad del conocimiento.
Para hacer esto más dramático, en la conciencia pública se ha naturalizado el hecho que la educación sea mediocre y los que pobres merecen educación pobre, de ínfima calidad, o solo pueden acceder a ella como una dádiva. Igualmente comienza a ganar terreno la idea que es natural que un sector de la población no tenga acceso a los medios digitales, porque "es natural" que algunos sectores sociales puedan comprar acceso a internet y otro nos.
Ahora bien, si esto acontece en el plano de la función meramente formativa o de "trasmisión de saberes" en la universidad, la fractura y cambio histórico de las funciones de investigación (crear conocimientos nuevos) y la de extensión (divulgarlos de manera más amplia posible), igualmente están sufriendo mutaciones severas, y se enrumban por derroteros asaz conservadores. De hecho, existe una disputa histórica, no privativa del modesto medio científico panameño sobre qué y cómo investigar hoy, pero sobre todo, para quién se investiga.
En términos de la función de extensión universitaria, las interrogantes concomitantes serían: con quiénes y a través de qué mecanismos la universidad aporta a la sociedad "el bien", conocimiento. Para algunos –a sabiendas, por ceguera o soberbia tecnocrática o por supina ignorancia- ese bien social es una mercancía y su calidad se mide por unos estándares de mercado, traducidos en rankings de publicaciones y patentes, supuestamente objetivos.
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De hecho, tal mercantilización de la apreciación del saber se traslada casi que mecánicamente a toda la universidad, y estas instituciones "valen" más o menos, según su puesto en los referidos rankings.
Los fenómenos descritos arriba se asumen como un hecho técnico, aséptico, simple, neutro y objetivo, legitimado por toda suerte de positivismos anclados en los puestos decisorios de instituciones y academias.
De igual forma, la función de extensión se mercantiliza al convertirla o destinarla a ser fuente de recursos para sufragar el costo de la educación superior, sea a través de la venta directa de servicios al público, sea través de la construcción de alianzas cuasi comerciales, bien con el Estado, bien con las corporaciones privadas. O dicho nuevamente con el apotegma del célebre maestro de Coimbra, la función extensionista y la universidad misma se prostituyen, vendiéndose al mejor postor.
Docente y gestor universitario.
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