Extinción de dominio o derecho ciudadano

Siempre he dicho que la pasión es muy mala consejera. Especialmente, si esta tiene connotaciones políticas o es provocada por un odio desmedido hacia alguien. No pienso argumentar en contra del hecho que la criminalidad, tanto en Panamá como en la región ha ido en aumento. Obviamente debemos promover aquella norma que vaya dirigida a combatir la delincuencia en todas sus formas. Pero detengámonos por un momento a reflexionar acerca de aquella máxima de "es mejor dejar libre a diez culpables que condenar a un inocente". Pensaran que lo que digo es un disparate, pero búsquenle sentido a lo que aquí escribo.

Cuando no existe una verdadera madurez política en el país y ello queda comprobado en la secuela de gobiernos que hemos vivido recientemente, siempre existirá el peligro que un mandatario y su entorno, utilicen este tipo de norma para perseguir a sus adversarios y detractores. Imagínense por un momento que la calumnia e injuria, en su momento, quede a la interpretación de un funcionario que "sigue órdenes" y se repita la clausura de medios como en la dictadura, ya que miembros de la élite gobernante tienen la piel sensitiva y no toleran las criticas que se pudiesen verter en su momento. Permítanme recordarles que muchos fuimos víctima de carcelazos, exilio, expropiaciones y hasta de daño físico durante ese periodo oscuro.

Pero no vayamos tan lejos. Como es posible que el inherente derecho a la propiedad quede expuesto a una mala interpretación de una disposición del calibre de una "ley de extinción de dominio". De repente, vemos nuevamente como, un representante extranjero, en cuyo país no han resuelto sus propios problemas sociales y que son muchos, abanica, al mismo nivel que un ministro de Estado criollo, la aprobación de dicha norma. ¡Por Dios! Pongan atención,

Señores Inquisidores de la Sociedad Civil. ¿Están acaso dispuestos a sacrificar una serie de libertades en virtud de despojar de sus bienes a quien creen culpable de uno u otro delito y así cumplir con el deseo de todo panameño que prevalezca la justicia? Si es así, porque no entonces llevar al banquillo de los acusados a absolutamente todo funcionario o político sobre quien haya existido sospechas por actos de corrupción. Hagámoslo de manera retroactiva y veamos como finalmente desaparece el insípido Estado de Derecho en que vivimos. Para mí, esto es un riesgo mayor y absurdo. ¿Porque correrlo entonces?

Lo que, si se debe hacer, es poner en practica un sistema de rendición y cuentas y transparencia, en el ejercicio de las funciones de todo servidor público, incluyendo al presidente y los miembros de la Asamblea Nacional. El enriquecimiento ilícito debe ser perseguido. No es posible que quien devenga un salario decoroso, de la noche a la mañana posea mas de un condominio y vehículos lujosos, al igual que casas de playa y fincas. El cumplimiento de la declaración de bienes antes y después del ejercicio de un cargo público con mando y jurisdicción es imperativo. Su incumplimiento debe tener consecuencias penales.

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Los medios de comunicación, junto al ciudadano común, están llamados a vigilar que quienes nos gobiernan, no despojen las arcas nacionales para su propio beneficio. Pero aun en estos momentos, se deberá respetar el derecho de un sospechoso a defenderse y sustentar su inocencia, de ser así. Si alguien es acusado leoninamente, también tendrá el derecho a que su honra y nombre sean restituidos públicamente. No perdamos de vista por un solo momento que seguimos siendo seres humanos imperfectos, aunque logremos establecer algún día y de una vez por todas, un ambiente genuino de cero tolerancia a la corrupción.

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