El Pacto por la justicia: Una de cal y otra de arena

EN MI ARTÍCULO de la semana pasada, me pronuncié contra la pretensión de forzar la renuncia de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia mediante acciones de presión. Promover medidas de esa naturaleza es igual a la ejecución de una sentencia sin juicio previo. Quienes promueven ese tipo de acciones han asumido la función de jueces y decidido que todos los magistrados son culpables y, por tanto, deben dejar el cargo. Creo que ese tipo de proceder viola las garantías del debido proceso y nos devuelve a épocas que ha costado mucho sacrificios dejar atrás.
En ese mismo escrito, abogué porque se sigan los procedimientos previstos en las leyes, si es que se considera que existen méritos para actuar judicialmente contra cualquiera de los integrantes de la Corte Suprema. Ese camino no satisface la impaciencia o los intereses de algunos que quisieran ver acciones inmediatas, pero es el único que garantiza que sigamos siendo un Estado de derecho.
Ante la crisis de la justicia panameña, que comprende aspectos que van mucho más allá que los problemas o las acusaciones que puedan hacerse sobre la conducta de los magistrados de nuestro más alto tribunal de justicia, es necesario tomar medidas para superarla; pero éstas nunca deben ser producto de la improvisación y mucho menos de actitudes revanchistas.
La sana lógica aconseja que nadie deba ser juez y parte en una misma causa.
El problema de la justicia debe ser revisado y evaluado en profundidad y con actitud serena. Como ya he sugerido, la creación de una comisión de personas calificadas y despojadas de apasionamientos debe ser el paso inicial para realizar el diagnóstico integral que debe preceder a la decisión sobre las acciones correctoras que deben tomarse.
Por ello, la decisión presidencial de promover el denominado "Pacto por la justicia", es lo que en términos corrientes podría considerarse como "una de cal y otra de arena". Con buen criterio, el señor Torrijos no se dejó arrastrar por las voces que pedían la decapitación del sistema judicial; pero, con mal juicio, optó por crear una comisión que ha creado dudas sobre su imparcialidad para profundizar en las verdaderas raíces del problema.
La sana lógica aconseja que nadie deba ser juez y parte en una misma causa. Y esto es lo que proyecta la comisión encargada de instrumentar el "pacto por la justicia". Las personas designadas para revisar el problema de la justicia debieran estar desvinculadas de posiciones oficiales. Lo aconsejable es sustituir a los actuales comisionados y designar a personas de fuera del engranaje oficial, que estarían en mejor posibilidad de rendir un dictamen objetivo.
En cuanto al plazo que se ha señalado de seis meses, para que se tengan resultados sobre la evaluación del sistema judicial, tampoco acertó el presidente. Por la imprecisión que ha rodeado a la iniciativa, no está claro porqué se requieren tantos meses para llegar a conclusiones. Esa tarea, en manos de una comisión de diferente composición podría cumplirse en un tiempo mucho menor. Tres meses serían suficientes, siempre y cuando que se la dote de los recursos y de las facilidades adecuadas.
Pero, además, se ha olvidado un elemento muy importante, que es definir los parámetros o los términos de referencia para el trabajo de la comisión. Si el presidente decidió tomar el paso de implementar el denominado Pacto por la Justicia, debió ser más preciso en cuanto al ámbito de su misión. En ese aspecto tampoco aporta mucho la iniciativa presidencial.
Si el Organo Ejecutivo está animado de un propósito constructivo, en mi opinión, debe evitar proyectarse como proclive a controlar el curso del proceso de revisión y reforma del sistema judicial.
La decisión de salir al paso de quienes fomentan la ruptura de la institucionalidad fue correcta, pero su contribución debe terminar allí. La comisión para revisar la administración de justicia no debe tener ribetes oficialistas y, para que pueda ser efectiva, debe garantizársele autonomía para organizar sus trabajos.