Sesiones extraordinarias en la era de Varela, con retrasos y polémicas

Actualizado 2017/12/15 11:51:48
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El presidente Varela no tiene la capacidad en tiempo ni en agenda de hacer el escrutinio individualizado que contraste perfiles de individuos merecedores de este reconocimiento al final de sus carreras como es ser magistrados.

Sesiones guardan relación con nombramientos polémicos.

Sesiones guardan relación con nombramientos polémicos.

Las convocatorias a sesiones extraordinarias que ha realizado el presidente de la República Juan Carlos Varela, durante su administración, se han caracterizado por los nombramientos polémicos que se han producido.
 
Si bien  la Constitución Política de Panamá establece que es una potestad exclusiva del Ejecutivo llamar a sesiones extraordinarias,  en las tres ocasiones que lo ha hecho el mandatario, han guardado relación con nombramientos en el órgano Judicial y cargos de alta jerarquía.
 
Esta vez, la decisión de extender el periodo de sesiones en el Órgano Legislativo cobra mayor vigencia por completar cinco de los nueve nombramientos que  conforman la Corte.
 
Se trata de los reemplazos de Alejandro Moncada Luna (juzgado en marzo del 2015), Harry Mitchell y Víctor Benavides (terminaron su periodo en el 2015), Jerónimo Mejía y Oyden Ortega. 
 
Con ello, juristas y miembros de la sociedad civil han evaluado que ahora el presidente Varela se garantiza que no será  juzgado una vez termine su periodo constitucional.
 
Llamados
 
En el 2014, las sesiones extraordinarias sirvieron para completar seis ratificaciones de funcionarios, entre estas, el Contralor General de la Pública que correspondió al empresario y donante de campaña, Federico Humbert.
 
 
En el 2015 el presidente llamó a sesiones extraordinarias y recomendó a los magistrados Ángela Russo y Cecilio Cedalise, quienes posteriormente ratificaron a José Ayú Prado en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
 
El año pasado el presidente Juan Carlos Varela se negó a convocar a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para la discusión del proyecto de reformas al Código Electoral. 
 
 
En esta ocasión, las sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional están definidas para el próximo lunes 18 de diciembre y deberán ratificar el nombramiento del Ejecutivo en la Corte Suprema.
 
"Estoy escuchando, voy a revisar todo y tomaré la decisión que más le convengga al pueblo panameño; el 15 de diciembre se toma la decisión en la Presidencia de la República, y el 18 de diciembre -el próximo lunes- se inician las sesiones extraordinarias.
 
No obstante, para juristas como Juan Carlos Araúz, miembro del Colegio Nacional de Abogados, la Corte Suprema de Justicia atraviesa su peor momento de credibilidad, frente a la sociedad y la estructura del Estado panameño, lo que involucra una obligación mayor por parte del Ejecutivo al momento de hacer las designaciones.
 
Deben generar confianza
 
Araúz destacó que las figuras que resulten electas, deben reflejar por sus ejecutorias confianza ciudadana y eso se encuentra en carreras suficientemente largas que la sociedad valoren  su comportamiento y su crecimiento a lo largo del ejercicio del Derecho. Lo que involucra la formación acádemica y el comportamiento en su vida profesional, que son elementos que permiten a que las designaciones del presidente darle un aporte real a la administración de justicia.
 
Señala que también se debe tomar en cuenta un escrutinio amplio que permita al presidente garantizar con sus designaciones que son personas independientes, con credibilidad y que el Órgano Judicial es distinto al Ejecutivo.
 
Sin embargo, lamenta que todos los gobiernos que transitan por la conducción del Estado panameño han ido asumiendo la práctica de dejar las designaciones de magistrados a un corto tiempo, aparentando sorpresa.
 
Sostuvo que en Panamá hay 10 mil perfiles de abogados que deben ser sometidos a comparación o escrutinio, y cuando se reducen los términos lo que se garantiza es desigualdad en el método de elegir a las personas porque se limita al entorno personal del presidente de la República, y las sugerencias de su entorno más cercano.
 
"No tiene la capacidad en tiempo ni en agenda de hacer el escrutinio individualizado que contraste perfiles de individuos merecedores de este reconocimieno al final de sus carreras o en el umbral del éxito de sus carreras; estas designaciones en un corto tiempo generan mayor duda en cuanto a si realmente son merecedores de esta distinción por el sector abogadil", manifestó.
 
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