Residentes contra desarrollo urbano en cuenca canalera
Publicado 2007/02/12 00:00:00
- Argentina/
A un día para que venza el periodo de sanción del proyecto de ley 259 de 2006, que permite el desarrollo urbanístico en un 60% de la Cuenca del Canal, miembros de la la Confederación de Comunidades de las Áreas Revertidas, pidieron al presidente de la república Martín Torrijos que vete el proyecto.
El ingeniero Rafael Spalding, miembro de esta organización, advirtió que de ser aprobado este proyecto, con su aplicación se generarán daños al ecosistema de la Cuenca del Canal.
Spalding denunció, además, que la Ley 21 de 1997, que asigna los usos de suelo en la Región Interoceánica, ha sido violentada en perjuicio del futuro del recurso hídrico y la fragilidad del ecosistema de la región.
Cuestionó específicamente un parágrafo del proyecto, que establece que se exceptuará al Ministerio de Vivienda dentro de las autoridades que podrán variar las categorías de ordenamiento territorial, contenidas en el Plan Regional y en el Plan General de Uso de Suelo, en el periodo comprendido de julio de 1997 a la fecha de la promulgación de la cuestionada ley.
"Esto es muy serio", advirtió Spalding, sobre todo cuando hay demandas en la Corte Suprema de Justicia, interpuestas por cometerse violaciones al Artículo 13 de la Ley 21 de 1997, al hacerse cambios de uso de suelo sin la autorización de las autoridades respectivas numeradas y establecidas en la ley.
Hay duras críticas de los artículos 187, 189 el cual fue adherido al Código y 422, al considerarse que lesionan la libertad de expresión.
Las críticas de la sociedad civil hacia el proyecto que se mantiene en segundo debate, aducen que no es preventivo y no se inclina hacia la despenalización, desjudicialización y desprisionalización.
El ingeniero Rafael Spalding, miembro de esta organización, advirtió que de ser aprobado este proyecto, con su aplicación se generarán daños al ecosistema de la Cuenca del Canal.
Spalding denunció, además, que la Ley 21 de 1997, que asigna los usos de suelo en la Región Interoceánica, ha sido violentada en perjuicio del futuro del recurso hídrico y la fragilidad del ecosistema de la región.
Cuestionó específicamente un parágrafo del proyecto, que establece que se exceptuará al Ministerio de Vivienda dentro de las autoridades que podrán variar las categorías de ordenamiento territorial, contenidas en el Plan Regional y en el Plan General de Uso de Suelo, en el periodo comprendido de julio de 1997 a la fecha de la promulgación de la cuestionada ley.
"Esto es muy serio", advirtió Spalding, sobre todo cuando hay demandas en la Corte Suprema de Justicia, interpuestas por cometerse violaciones al Artículo 13 de la Ley 21 de 1997, al hacerse cambios de uso de suelo sin la autorización de las autoridades respectivas numeradas y establecidas en la ley.
Hay duras críticas de los artículos 187, 189 el cual fue adherido al Código y 422, al considerarse que lesionan la libertad de expresión.
Las críticas de la sociedad civil hacia el proyecto que se mantiene en segundo debate, aducen que no es preventivo y no se inclina hacia la despenalización, desjudicialización y desprisionalización.
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