Oneroso contrato para construir nueva Facultad de Medicina

Un nuevo presunto sobrecosto en obras de esta administración ha sido denunciado en el Ministerio de Salud (Minsa), tras designar una comisión evaluadora para la construcción de la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, la cual aprobó elevar el costo del proyecto en $6 millones.

Se trata de una licitación con precio de referencia de 70 millones de dólares para la construcción de la Facultad de Medicina, la cual sobrepasa el 5% del precio de referencia establecido en el pliego y las adendas.

El pasado 27 de julio, la Comisión Evaluadora del Minsa recibió una oferta de $76 millones, junto a otras dos propuestas de $69 millones y $72 millones para el estudio, diseño y construcción de la Facultad, que estará adyacente a la Ciudad de la Salud.

Dicho comité terminó favoreciendo la oferta más alta presentada, la cual fue denunciada de onerosa y de violar varios parámetros de la ley de contrataciones.

Debido a esto, el pasado 13 de octubre la Dirección General de Contrataciones Públicas admitió una acción de reclamo por parte del consorcio IBT Knowledge, y suspendió el acto de contratación.

Ello, debido a que en el informe de la Comisión Evaluadora nombrada por el Minsa, habría actuado en contravención a la Ley 22 de 2006 sobre las contrataciones públicas.

El consorcio IBT destaca que el 27 de julio de 2017, cuando se llevó a cabo el acto público para adjudicar el proyecto, fue concedido el contrato al consorcio Astaldi-CCG, pero sin cumplir las condiciones y requisitos exigidos por ley.

70 millones de dólares fue la propuesta inicial para la construcción de la nueva Facultad de Medicina de la UP.

Ello, pese a sobrepasar el 5% del precio de referencia establecido en los pliegos de cargos, con 6 millones 700 mil dólares por arriba de la propuesta.

"Es evidente por cómo se llevó a cabo todo el procedimiento de la licitación, que la voluntad del Ministerio de Salud era realizar modificaciones a través de las adendas 1, 2 y 3 (...). Aparentemente con la finalidad de beneficiar a uno de los proponentes, el cual presentó la oferta más onerosa y que presentó un 10% sobre el precio de referencia", manifiesta en su reclamo uno de los consorcios afectados.

Incluso se denunciaron otras irregularidades como no contar con un contador público autorizado para certificar los estados financieros de la empresa Astaldi-CCG, y acreditar estados financieros que provienen del extranjero.

Además, de aportar "una serie de documentos en el idioma inglés y sin las apostillas o legalizaciones correspondientes".

Piden un reemplazo

Por tanto, existe una petición para que la Comisión Evaluadora del 29 de septiembre de 2017, sea reemplazada en base al artículo 54 de la Ley de Contrataciones, y ordene el nombramiento de una nueva comisión, y a su vez, se rinda un informe de acuerdo a las disposiciones legales del caso.

Por ahora, se está a la espera de un pronunciamiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre el asunto.