Noriega continúa en una cárcel, veinte años después de la invasión

Al cumplirse veinte años de la invasión a Panamá, el general retirado Manuel Antonio Noriega continúa en una cárcel de Estados Unidos a la espera de que se decida si regresa a su país o lo extraditan a Francia.

Pero son pocas las posibilidades de que vuelva a Panamá ante el pedido de París, donde un tribunal le juzgó y condenó en ausencia en 1999 a diez años de prisión por el lavado de unos 3,15 millones de dólares a través de bancos franceses.

Noriega, de 74 años, permanece en una cárcel de Miami (Florida) mientras finaliza su proceso de apelación a un dictamen que despejó el camino de su extradición.

El ex hombre fuerte de Panamá (1983-1989) libra su última batalla legal en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, instancia a la que recurrió en julio de este año.

"Nos encontramos en este momento ante la Corte Suprema de Justicia esperando que se pronuncie en torno a si él puede regresar a Panamá o si tendrá que ir a Francia", dijo el abogado de Noriega, Frank Rubino, en una entrevista con EFE.

La defensa arguyó ante el máximo tribunal que Noriega es un prisionero de guerra y, según la Convención de Ginebra, Estados Unidos tiene que enviarle a Panamá al concluir su sentencia.

En EEUU, Noriega fue condenado en 1992 a 40 años de prisión por tráfico de drogas, pena que fue rebajada a 20 años por buena conducta, de los que cumplió 17 en septiembre del 2007.

Ese alegato de los abogados de Noriega fue desestimado en abril pasado por un panel de tres jueces al determinar que la Convención de Ginebra no incluye elementos que impidan a una de las partes extraditar a un prisionero de guerra a otro país solo porque tenga esa condición.

Noriega fue declarado prisionero de guerra en la década de los años noventa por el juez William Hoeveler en respuesta a las preocupaciones que expresó sobre el trato que iba a recibir mientras estuviera bajo custodia de Estados Unidos.

"Este tribunal nunca intentó, por ser el acusado considerado prisionero de guerra, protegerlo de todos los futuros procesos judiciales por delitos graves que él presuntamente hubiera cometido", precisó Hoeveler en una decisión emitida en 2008.

Rubino dijo que el ex militar es víctima de un juego político de Panamá, país que podría detener la extradición a Francia.

"El está aquí, en la cárcel, porque Panamá no permite que regrese, lo que está obligado a hacer bajo la Convención de Ginebra por ser un prisionero de guerra. Y eso es lo que estamos tratando de conseguir en este momento, que regrese a Panamá donde debe estar", enfatizó.

En Panamá, país que solicitó la extradición en tres ocasiones en 1991, Noriega encara acusaciones de asesinato, extorsión y violaciones a los derechos humanos, según documentos judiciales.

Rubino calificó de "terrible" el hecho de que a su cliente no le dejen regresar. "Hay gente en Panamá, por razones desconocidas, que temen que regrese. No sé por qué, pero es obvio que ese es el caso".

"El general quiere regresar a casa. Está desilusionado porque su propio país le está haciendo esto", dijo a EFE el letrado.

El ex jefe de las Fuerzas Armadas de Panamá ha esperado cinco meses la decisión del Tribunal Supremo de EEUU, periodo de tiempo que, en opinión de su abogado, parece ser una buena señal.

"Ellos (los jueces) han tardado mucho en pronunciarse, pero eso en realidad es algo bueno porque normalmente cuando no aceptan el caso se pronuncian con rapidez. Mientras más se demoren, mayores son nuestras esperanzas de que la Corte Suprema está interesada en escuchar nuestros argumentos", expresó con optimismo.

La apelación, explicó Rubino, es un proceso que consta de dos pasos: primero, la aceptación del caso, y después la presentación de los argumentos.

"Si lo aceptan, entonces se presentarán los alegatos y es allí donde se puede ganar o perder. En este momento estamos tratando de conseguir de que acepten el caso y eso es lo que estamos esperando", añadió.

Noriega, quien fue un colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), fue traído a Miami el 4 de enero de 1990, tras haberse entregado a tropas de Estados Unidos que rodeaban la Nunciatura Apostólica en Panamá en la que se había refugiado días después de la invasión.

Cuando llegó se declaró un "preso político" que había sido "trasladado ilegalmente a Estados Unidos".