Lotto y Pega 3 ‘no es negocio para el Estado’

La Lotto y el Pega 3 tienen los días contados. Ayer, el presidente José Raúl Mulino pidió a la nueva directora de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Saquina Jaramillo, poner fin a la lotería electrónica.

Los in formes procedentes de la Lotería Nacional de Beneficencia, según reveló Mulino, no son nada alentadores y consideran que es una institución muy cara a los intereses del país. Frente a este desolador escenario, ha solicitado una serie de acciones tanto para la lotería tradicional como para la electrónica.

Mulino aseguró que los juegos de la Lotto y Pega 3 no son negocio para el Estado, tomando en cuenta los beneficios que van a parar al bolsillo de un selecto grupo, por lo que pidió acciones que lleven a la institución a enfocarse en sus juegos tradicionales.

"Con la lotería electrónica, le he pedido a la directora que comience a tomar los pasos a fin de que en nuestra lotería se quede en el dominguito, el gordito y el miercolito. Se acabó el resto, que merma la rentabilidad y eficiencia. Esto no es negocio para el Estado", dijo el presidente.

El mandatario agregó que la lotería digital este año ha generado una venta bruta semanal de $900,000. Los billeteros reciben una comisión de 12.5%, mientras que el operador recibe un 2% de la venta bruta.

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Mulino detalló que la LNB reporta en el mes en curso una devolución del 27%, seis puntos porcentuales menos que el mes pasado, y lo calificó como un valor alto. Recordó que hay 13,500 billeteros en el país, quienes generan comisiones por el 10% de sus ventas.

Negocio en la pasada administración Cortizo

El tema de la lotería digital saltó a la palestra pública la semana pasada, tras una publicación realizada por Panamá América en la que se reveló que el negocio se armó y se impulsó desde el gobierno de Laurentino Cortizo, detrás de una empresa que ha mutado bajo tres sociedades con nombres muy parecidos y en donde sus actuales propietarios no son visibles legalmente a primera vista: Scientific Games LLC.

El negocio empieza en medio de una supuesta ilegalidad anunciada por la Procuraduría de la Administración, que indicó que el contrato o concesión que existía a nombre de Scientific Games LLC, representada por la firma Arosemena, Noriega & Contreras, no podría extenderse a través de una adenda.

La Procuraduría de la Administración se pronunció pidiendo que estos derechos se renovaran bajo un nuevo proceso de licitación, pero ese llamado fue ignorado por la junta directiva de la LNB, encabezada por el exdirector nacional de Ingresos, Publio De Gracia.

Dentro de la LNB, De Gracia usó todo su poder en el gobierno para forzar el negocio. El 5 de mayo de 2023, De Gracia logró otorgar una nueva adenda a Scientific Games LLC por 10 años más.

El interés de De Gracia en el desarrollo de la lotería digital bajo el concepto de la Lotto y el Pega 3 fue abierto y desmedido, al punto que la LNB cedió hasta recursos financieros para cubrir una parte importante de los premios del negocio privado, además de su estructura nacional de billeteros.

Demandas

La lotería digital fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la extensión del contrato. En total, son tres demandas las que sustentan una serie de ilegalidades, presentadas por los abogados Pedro Meilán, Ramón Jaén y la firma Alemán Cordero, Galindo y Lee.

"No puedes prorrogar un contrato que fue a través de una licitación pública y que no establece en su normativa que puede ser prorrogable. La única forma de hacerlo es logrando ciertos requisitos especiales que no se cumplieron aquí, y el monto a prorrogar en el contrato debe ser menor al monto actual", explicó el abogado Meilán, uno de los demandantes.

Según Meilán, existieron cuatro violaciones al contrato: la primera es la extensión de la vigencia del contrato a 10 años; la segunda es que altera y modifica el objeto del contrato; la tercera es que altera y modifica las obligaciones del contratista; y, por último, aumenta los porcentajes y exonera del impuesto.

"Esto se da única y exclusivamente para evitar un nuevo proceso de licitación pública, lo cual es totalmente contrario a la ley, porque todos los actos estatales deben ir a licitación pública. Ellos crearon esta adenda número cinco e incluyeron ciertas cosas para tratar de prorrogar el contrato", explicó Meilán.

De acuerdo con el demandante, se alteró el objeto del contrato creando nuevos juegos, nuevos mecanismos y actuaciones que requieren tecnología y estructura. El contrato inicial tenía 29 obligaciones y esta nueva adenda tiene 44, lo que demuestra que es un contrato totalmente distinto.

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