Investigarán causas de no extracción de Raoul Cedrás
Publicado 2003/12/10 00:00:00
- Argentina/
Tejada pidió al canciller Harmodio Arias copia de la solicitud de extradición y la documentación adjunta, presentada por el Gobierno de la República de Haití.
La Defensoría del Pueblo iniciará las investigaciones para determinar si el Estado panameño ha cumplido con las normas internacionales, al no acceder a extraditar al ex dictador haitiano Raoul Cedrás y su colaborador Phillipe Biamby.
En una carta remitida al canciller Harmodio Arias, el defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, informó que el Grupo de Acción contra la inmunidad le expresó su preocupación por el hecho de que los ciudadanos Cedrás y Biamby, acusados de incurrir y promover delitos de genocidio y tortura, fueron asilados por la República de Panamá y no han sido extraditados.
En la carta remitida a Arias, Tejada sostuvo que la extradición en este caso no se ha ejecutado a pesar que la República de Panamá aprobó mediante Ley No. 12 de 18 de junio de 1991 la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Esta norma establece que los Estados partes deberán realizar los esfuerzos necesarios para extraditar a las personas que hayan incurrido en esos delitos.
Tejada pidió al canciller que le permita evaluar si Panamá ha cumplido con las normas internacionales y le remita copia de la solicitud de extradición y la documentación adjunta, presentada por el Gobierno de la República de Haití.
Presentada la queja del Grupo de Acción contra la Inmunidad, la Defensoría admitió el caso, en cumplimiento de las atribuciones enmarcadas en la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, que permite su creación.
Esta norma estipula que la Defensoría podrá investigar los actos u omisiones de las autoridades y de los servidores públicos que implique en violaciones a los derechos establecidos en el Título III de la Constitución Política de la República de Panamá, así como los derechos constitucionales previstos en tratados, convenios y declaraciones internacionales suscritos por Panamá.
En una carta remitida al canciller Harmodio Arias, el defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, informó que el Grupo de Acción contra la inmunidad le expresó su preocupación por el hecho de que los ciudadanos Cedrás y Biamby, acusados de incurrir y promover delitos de genocidio y tortura, fueron asilados por la República de Panamá y no han sido extraditados.
En la carta remitida a Arias, Tejada sostuvo que la extradición en este caso no se ha ejecutado a pesar que la República de Panamá aprobó mediante Ley No. 12 de 18 de junio de 1991 la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Esta norma establece que los Estados partes deberán realizar los esfuerzos necesarios para extraditar a las personas que hayan incurrido en esos delitos.
Tejada pidió al canciller que le permita evaluar si Panamá ha cumplido con las normas internacionales y le remita copia de la solicitud de extradición y la documentación adjunta, presentada por el Gobierno de la República de Haití.
Presentada la queja del Grupo de Acción contra la Inmunidad, la Defensoría admitió el caso, en cumplimiento de las atribuciones enmarcadas en la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, que permite su creación.
Esta norma estipula que la Defensoría podrá investigar los actos u omisiones de las autoridades y de los servidores públicos que implique en violaciones a los derechos establecidos en el Título III de la Constitución Política de la República de Panamá, así como los derechos constitucionales previstos en tratados, convenios y declaraciones internacionales suscritos por Panamá.
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