En campaña, el político se comprometió a impulsar normas de transparencia
Gobierno de Varela se opone a hacer pública declaración de bienes
A pesar de que el presidente Juan Carlos Varela prometió en la pasada campaña impulsar “normas para asegurar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas” a través de un plan denominado: “Cero tolerancia con la corrupción”
A pesar de que el presidente Juan Carlos Varela prometió en la pasada campaña impulsar “normas para asegurar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas” a través de un plan denominado: “Cero tolerancia con la corrupción”
- Redacción ([email protected])
- - Publicado: 08/7/2014 - 12:00 am
Datos
- Gobierno
- La Ley 59 de 1999 se aprobó durante la administración de Mireya Moscoso, y se estableció la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales, aspecto que fue cuestionado por diferentes sectores en su momento.
- Planteamiento
- Rubén Elías Rodríguez advirtió que una ley no está por encima del orden constitucional ni mucho menos de decretos. Señaló que desde el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) se invocó un decreto ejecutivo para “seguir el relajito” de ocultar las declaraciones patrimoniales.
- Contradicción
- A diferencia de lo planteado por Álvaro Alemán, el alcalde capitalino, José Blandón Figueroa, dijo que hará pública su declaración de bienes patrimoniales, de igual forma les solicitó a los directivos que trabajan en la comuna capitalina que sigan su ejemplo.
A pesar de que el presidente Juan Carlos Varela prometió en la pasada campaña impulsar “normas para asegurar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas” a través de un plan denominado: “Cero tolerancia con la corrupción”, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, se opone a que las declaraciones patrimoniales de los ministros de Estado de la actual administración sean públicas.
Alemán se ampara en la Ley 59 de 1999, que protege estas declaraciones patrimoniales, cuyo resguardo y confidencialidad recae en la Contraloría General de la República.
No obstante, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Rubén Elías Rodríguez es del planteamiento que la declaración patrimonial de bienes debe ser de acceso público.
“Tienen que hacerlo y la norma dice por escritura pública, por lo cual esa información debe ser de acceso público ”, expresó Rodríguez.
El abogado manifestó que si no se hace pública la declaración patrimonial se estaría violando la Constitución Política. “Se estaría violando la letra y el espíritu de la Constitución”.
Según Rodríguez, la Ley 59 de 1999 a la que hace referencia Alemán es inconstitucional.
“Si él siente temor de hacer pública su declaración de bienes patrimoniales, o aquél que sienta temor o no pueda justificar sus bienes, entonces que no se meta a servidor público”, expresó.
A juicio de Rodríguez, lo planteado por Alemán es un mal indicio para un administrador público.
El exdirigente del CNA señala que seguir las prácticas de opacidad de los gobiernos anteriores con relación a este tema es “una burla a los manejos que la ciudadanía quiere que sean transparentes”.
Alemán indicó que “El funcionario prepara la declaración ante un notario y se la entrega a la Contraloría, que está obligada a custodiar estas declaraciones. La ley no lo establece [que sea público], sino que obliga a mantener confidencialidad”.
En una marcada diferencia con lo planteado por Alemán, el alcalde de la ciudad capital, José Blandón, anunció que él sí hará pública toda la información sobre su declaración de bienes. Además explicó que les ha solicitado a todos los directivos de la comuna capitalina que hagan pública su declaraciones de bienes.
“Le he pedido a los directivos que hagan públicas sus declaraciones, porque hay que ser consecuente con lo que establece la ley y la Constitución”, dijo Blandón.
Sobre este tema, el excontralor de la República José Chen Barría abogó porque esa información sea de acceso público.
Lo planteado por Alemán ha generado reacciones en contra por dirigentes de diversos sectores.
En ese sentido, Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, manifestó recientemente que una declaración jurada que se entrega a una notaría no tiene justificación legal alguna para que se invoquen razones de protección a la intimidad y a la seguridad personal para no hacerlas públicas.
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