'Gobierno busca blindar a la clientela política del PRD'

A ocho meses de las elecciones generales, el Gobierno Nacional busca blindar a aquellos funcionarios nombrados durante los últimos cinco años, en una clara burla al resto de los empleados públicos y de la población en general.

El proyecto presentado por el Ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, no solo plantea incluir en la carrera administrativa a los más de 48 mil servidores públicos nombrados por la administración Cortizo-Carrizo, sino que además elimina lo poco que se había avanzado en este tema.

La propuesta en este momento reposa en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional, donde aún no se ha prohijado, pero se espera que este trámite se realice en los próximos días.

Esta iniciativa, ya ha generado el rechazo de diversos sectores, entre ellos a la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) quien consideran este proyecto como un absurdo, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que falta para que se escoja a nuevas autoridades gubernamentales.

En ese sentido, Alejandro Haynes, secretario general de la Fenasep expresó: "Eso es una acción absurda que a todas luces demuestra que lo que se quiere es blindar a la clientela política del partido gobernante y que siento yo que no va a tener mayor acción cuando llegue el próximo Gobierno, que va a considerar que estas acreditaciones fueron políticas y clientelistas".

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Planteó que Fenasep siempre ha estado de acuerdo que se acrediten a los trabajadores del sector público, porque es una especie de darle una estabilidad, pero a la vez defienden que se acredite al personal idóneo y no que se acredite a funcionarios por el simple hecho de ser miembros de un partido político.

"Tienen que estar en carrera administrativa los más idóneos y no los que más enarbolan la bandera política de ciertos partidos", expresó.'

7,500

es el aproximado de funcionarios que están inscritos en la carrera administrativa.

48,000

funcionarios de la actual administración quieren incluirlas en la carrera administrativa.

Explicó que con este proyecto se elimina la ley vigente, borra todo lo hecho desde 1994 hasta la fecha. Además, no hubo consultas con los trabajadores del sector público y sus representantes que es la Fenasep.

Destacó que en las anteriores reformas siempre se contemplaba a Fenasep, pero en este momento han hecho un proyecto de ley sin contar con la opinión de los posibles sectores afectados.

Agregó: "Hemos quedado con la boca abierta, primero el porqué a estas alturas, segundo sacar dentro de ese proyecto una acción de acreditar a unos 48 mil trabajadores al régimen de carrera administrativa, eso es absurdo.".

Recordó el dirigente gremial que en el 2007 que el entonces Martín Torrijos empezó a acreditar empleados a la carrera administrativa, se opusieron porque se estaba a dos años de las elecciones y lo consideraron como extemporáneo, ahora a ocho meses de los comicios menos pueden avalar este tipo de propuestas.

Por su parte, el abogado y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal, indicó que aparte de ser un proyecto de ley que atenta contra la carrera administrativa, que está contemplada constitucionalmente, hay una abierta extralimitación de funciones y un abuso de autoridad en el contenido o pretensiones del mismo.

"Es evidente y notorio que lo que buscan con ello es blindar a las personas que han estado nombrados a lo largo de estos años que no tienen derecho a la permanencia, porque no han sido designadas cumpliendo el procedimiento que está contemplado en la Ley de Carrera Administrativa", señaló.

A juicio del jurista esta iniciativa está acompañada del proyecto de ley que trastoca la transparencia, lo que busca el Gobierno erosionar la escasa institucionalidad existente en Panamá.

"Hasta la fecha no se ha podido recuperar la misma dentro de los debidos procedimientos que están establecidos, no solamente por normativas previamente existentes en Panamá en la Constitución de 1946, sino también a nivel internacional, donde se ha hecho mucho progreso en materia de administración pública, donde la carrera administrativa juega un papel determinante para poder atacar o prevenir actos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, pero sobre todo que los funcionarios que entran al servicio del Estado lo hagan probidad y méritos correspondientes.

Entre su articulado se indica: "La Carrera Administrativa es obligatoria para todas las dependencias del Estado y para los municipios no subsidiados, y se aplicará supletoriamente en las instituciones públicas que se rijan por otras carreras públicas legalmente reguladas o por leyes especiales".

Agrega: "Toda nueva entidad estatal que se cree o que sea el producto de la fusión o reestructuración de otras entidades, la Dirección General de Carrera Administrativa las incorporará de manera automática a la Carrera Administrativa. Los municipios subsidiados podrán en cualquier momento incorporarse a la Carrera Administrativa, si así lo solicitan a la Dirección General de Carrera Administrativa, previo acuerdo de los respectivos Concejos Municipales".

"Se exceptúan de esta norma, todas aquellas entidades públicas que regulan su Sistema de Administración de Recursos Humanos en sus leyes orgánicas, leyes de carrera u otras normas similares"

Entre otros de los artículos se señala: "Los servidores públicos en funciones, que cumplan con los requisitos mínimos exigidos en el Manual Institucional de Clases Ocupacionales de cada institución, podrán ser incorporados a la Carrera Administrativa por el Procedimiento Especial de Ingreso. Artículo 65. Las instituciones del sector público, deberán elaborar y actualizar sus respectivos Manuales Institucionales de Clases Ocupacionales, según la metodología de clasificación de puestos de la Dirección General de Carrera Administrativa, a efecto de la incorporación de los servidores públicos en funciones a la Carrera Administrativa".

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