Cómo crear una ONG en Panamá

Corresponde al Ministerio de Gobierno y Justicia conceder la Personería Jurídica de una ONG o una asociación sin fines de lucro, mediante la aprobación de la solicitud presentada por un abogado que, entre otros documentos, debe presentar unos estatutos bien detallados, el acta fundacional, listado de miembros fundadores y síndicos, junta directiva y un plan de trabajo.
Luego de aprobada la Personería Jurídica e inscritos los documentos en el Registro Público, según los objetivos de la asociación de que se trate, corresponde a alguno de los ministerios en el Organo Ejecutivo el reconocimiento o aprobación del carácter social de la misma, en función de sus actividades.
Luego, corresponde al MEF la autorización o no de dicha entidad como sujeta de recibir donaciones deducibles del Impuesto sobre la Renta. La ley le permite a cualquier interesado crear una ONG.
En tanto, José Luis Romero, director encargado de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno y Justicia (donde las ONGs reciben su personería jurídica) aseguró que en esa entidad no se lleva un registro de estas organizaciones, al tiempo que remitió a este medio al Registro Público. "No sé ahora mismo cuántas hay, pero sé que son bastante", dijo el funcionario.
Pero, tras una visita al Registro, se pudo comprobar que no existe un renglón específico de búsqueda para las ONGs, como para determinar cuántas existen en realidad, y cuántas han dejado de existir. A estas últimas se les denomina "ONGs fantasmas".
Precisó Romero que en los últimos meses ha detectado un auge de ONGs, en comparación con los dos años anteriores, sobre todo, las destinadas a proyectos sociales, educación técnica, desarrollo de la agricultura, obtención de dinero para el desarrollo comunitario, construcción de obras para la generación de empleos; entre otras.
Según Estelabel Piad, hay muchas organizaciones sin fines de lucro y ONGs, sin embargo, les hace falta auditoría.
"En Panamá hay muchas organizaciones que se dicen sin fines de lucro y que de repente se están acogiendo a otras cosas, por lo que estamos trabajando a ver cómo vamos a fiscalizarlas, para que a todas las organizaciones sin fines de lucro se les audite y tengamos una mayor veracidad de que sus ingresos los están utilizando como debe ser", enfatizó.
Esas organizaciones no están obligadas a presentar declaraciones de renta, pero si generan más de un millón de balboas, están obligadas a presentar un formulario de pago a terceros y especificar a quiénes les están pagando.
"Las ONGs tienen por obligación reportar anualmente las donaciones que reciben, pero no un informe que explique en qué gastan esas donaciones", advirtió Piad, reconociendo que el MEF no ha hecho un trabajo completo para poder revisar a esas organizaciones y determinar en qué usan estos ingresos.
Esta revisión -dijo- debe hacerse y será más fuerte, sobre todo, en las asociaciones que tienen derecho a que se les done y cuyas donaciones les son deducibles de impuestos.
Indicó que hay asociaciones que en verdad están ayudando a personas necesitadas, "pero hay muchas asociaciones sin fines de lucro que a veces se aprovechan".
Piad dijo estar consciente del trabajo y la ayuda que recibe el Estado con el desempeño de estas ONGs, pero enfatizó que la intención no es perseguirlas, sino que entiendan que van a tener que demostrar los ingresos que reciben y en qué se los gastan.
"Queremos que nos rindan un informe de las donaciones recibidas y de las cuotas que se pagan y si en algún momento vemos algo que nos llame la atención o haya algo raro en alguna de ellas, tengamos la potestad de hacerle una auditoría", destacó. En la nueva normativa se establecerá en qué renglones las ONGs pueden gastar el dinero que reciben.
"Una cosa que no se puede permitir es que sus administrativos se pongan salarios de miles de dólares, porque se supone que se está trabajando en una asociación con un fin social. ¿Cómo me van a decir que van a poner a un administrador con un salario de 5 mil ó 10 mil dólares, siendo sin fines de lucro?", cuestionó.
Incluso, dijo, ha escuchado de casos de personas que tienen ONGs, y ponen a sus familiares a trabajar con salarios altos. "Si uno hace una ONG para hacer una labor social, ¿cómo vas a tener a tu mamá trabajando en esa ONGs y pagándole un salario?", recalcó.
Muchas de estas ONGs, afirmó Piad, pueden estar evadiendo impuestos, porque si los administrativos hacen estos gastos, no deben ser deducibles de impuestos.
Este tipo de casos proliferó cuando se advirtió que legisladores de la república creaban ONGs, a las cuales destinaban sus propias partidas circuitales, y en las que nombraban a familiares y amigos.
En este sentido, el contralor Alvin Weeden propició la creación de un plan de supervisión de estas partidas, que dejó de funcionar el año pasado, cuando el Ejecutivo suspendió la asignación de partidas circuitales.
En la nueva normativa que propondrá Ingresos, se establecería el uso de un porcentaje específico de dinero para el pago de salarios, al igual que para el uso de locales modestos y el pago de teléfonos celulares, entre otros. "Vamos a establecer más o menos lo que es lógico", explicó Piad.
Por su parte, la Contraloría General de la República, según el propio contralor Alvin Weeden, está auditando a una decena de ONGs que están manejando fondos públicos.
Se conoció que las organizaciones auditadas son algunas de las que concretaron proyectos de interés social en la pasada administración del Fondo de Inversión Social (FIS).
Aunque insistentemente El Panamá América intentó conocer, del propio contralor, el porqué se está auditando a estas organizaciones y la supervisión que la institución debe ejercer sobre éstas, han pasado más de dos meses sin que respondiera un cuestionario escrito de escasas cinco preguntas, que le fue enviado.
Un alto funcionario, muy allegado al contralor, al ser cuestionado sobre el audito a las ONGs involucradas, sólo se limito a decir "allí la cosa está caliente".
Los cuestionamientos sobre las ONGS ya no sólo se hacen localmente a nivel de Ingresos, la Contraloría de la República, o por el manejo que tenían ciertos legisladores cuando existían las partidas circuitales, ahora también surgen en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ha solicitado a las autoridades panameñas ejercer un mayor control sobre estas organizaciones.
El GAFI, según la propia superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, ha pedido a Panamá una revisión del manejo financiero de las asociaciones sin fines de lucro para evitar el lavado de dinero y más recientemente el patrocinio de actividades terroristas.
El GAFI ha señalado que hay que observar con cuidado a las asociaciones sin fines de lucro porque éstas reciben dinero, del cual hay que saber su origen y su destino.
De acuerdo con el asesor jurídico de la Superintendencia de Bancos, Enrique Arturo de Obarrio, a raíz de los sucesos del 11 de septiembre del año pasado, el GAFI adoptó ocho recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo. La última tiene que ver con las organizaciones o asociaciones sin fines de lucro.
Indicó que se están haciendo las consultas correspondientes entre las autoridades involucradas a efectos de determinar la necesidad o no de adecuar la normativa y controles existentes para las ONGs, a lo que sin lugar a dudas se procederá, si así se considera necesario.
Expresó que es importante evaluar la efectividad de los controles existentes y hacer los ajustes a que haya lugar, de manera que este vehículo jurídico cumpla con el sano propósito para el cual ha sido concebido, sin que se pueda aprovecharse de éste para propósitos malsanos.
Será necesario revisar los mecanismos que permitan comprobar el destino de los donativos recibidos, y verificar que todas las asociaciones sin fines de lucro existentes en Panamá hayan cumplido con los requisitos establecidos.