Casos de alto perfil, estancados

Nueve años han pasado y aún se desconoce el futuro jurídico de dos grandes escándalos de corrupción que han salpicado a altos funcionarios de Gobierno y a la clase política del país.

Entre los casos más sonados o de “alto perfil” está el recordado escándalo de los “durodólares” que envolvió a Dalvis Xiomara Sánchez, exsecretaria de la Presidencia de la República, durante la gestión de la exgobernante Mireya Moscoso, en el año 2002. A Sánchez le encontraron 45 mil dólares en efectivo dentro de un congelador.

A pesar de que la audiencia de fondo de este caso se realizó el pasado mes de enero, el Juzgado Tercero de lo Penal se encuentra en un impás, puesto que el fallo de este caso no podrá dictarse hasta que la Sala Tercera de la Corte resuelva una demanda de inconstitucionalidad que ataca los informes de la Contraloría, que indican que la ex funcionaria no pudo justificar la tenencia de este dinero.

El segundo caso que se mantiene estancado es el relacionado con el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis). Está paralizado por nueve incidentes de controversia que presentaron las partes involucradas en este proceso.

Este expediente fue declarado nulo por la Corte Suprema de Justicia en el año 2003 y reabierto durante la administración de la exprocuradora Ana Matilde Gómez, tras la aportación de nuevas evidencias, grabaciones y videos que recogían versiones de cómo se dio la transacción con el Consorcio San Lorenzo para garantizar su aprobación.

Este caso estalló en el año 2002 cuando el diputado Carlos Afú denunció públicamente el supuesto pago de coimas a legisladores para la aprobación del proyecto del Cemis. El proceso está en manos del magistrado (fiscal) Abel Zamorano.

Pero la falta de una decisión final y la dilatación de los procesos no solo se evidencian en estos casos; existe una media docena más peregrinando por los escritorios del Órgano Judicial.

Primer proceso en contra de un mandatario.
Entre estos casos también está el proceso que se lleva en contra del expresidente Ernesto Pérez Balladares y otras 14 personas, por el supuesto delito de blanqueo de capitales. Este proceso se encuentra en el Segundo Tribunal de Justicia, en donde se dirime una apelación contra el sobreseimiento definitivo que dictó el Juzgado Noveno de lo Penal en abril pasado. Esta apelación fue presentada el 16 de mayo por la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada.

Las investigaciones indicaban que el exmandatario y los demás implicados recibieron ingresos por $20 millones de Lucky Games, empresa a la que le fue otorgada una concesión para la explotación de máquinas tragamonedas durante la gestión de Pérez Balladares. La magistrada Elvia Batista es la encargada de resolver esta apelación, la cual definirá si este proceso se cierra o es llevado a una audiencia de fondo, para definir la inocencia o la culpabilidad del expresidente.

Juicio de exministro.
El Segundo Tribunal fijó para el próximo 6 de octubre, la audiencia en contra de Daniel Delgado Diamante, por el supuesto asesinato del cabo Andrés García en 1970.

Esta investigación obligó a Delgado Diamante a abandonar su cargo como ministro de Gobierno y Justicia, durante la administración gubernamental de Martín Torrijos. Una demanda de inconstitucionalidad fue presentada contra la orden de llamamiento a juicio dictada por el Segundo Tribunal contra el ex ministro, basada en que este hecho ya prescribió de acuerdo con el Código Penal de 1922, el cual regía al momento que se dieron los hechos.

Fibra de vidrio.
Este es uno de los grandes escándalos de corrupción en la educación panameña. El presunto mal uso de fondos para la remoción de la fibra de vidrio en distintas escuelas del país llevó a que los exministros de Educación, Belgis Castro y Salvador Rodríguez, fueran investigados por las fiscalías anticorrupción.

Tres de las cuatro fiscalías mantienen un total de siete procesos por este caso. En algunos aún no existe vinculación directa con los ex funcionarios, pero los hechos se registraron durante sus administraciones.

El único caso que llegó a los tribunales es el relacionado con escuelas de Panamá Este. El ex ministro Castro fue llamado a juicio por el Juzgado Décimo Sexto de lo Penal, por el supuesto delito de peculado, y la audiencia está programada para los días 29 y 30 de septiembre del 2011.

Corrupción en el MP.
En diciembre del 2010, durante la administración de Giuseppe Bonissi, estalló un gran escándalo de corrupción dentro del Ministerio Público. El entonces procurador encargado reveló que el narcotráfico entró a la institución, luego de que la exfiscal de drogas de Herrera y Los Santos, Milagro Valdés, liberara ilegalmente a cuatro supuestos narcotraficantes.

A este proceso, que realiza la Fiscalía Auxiliar, también están vinculados la ex directora de Recursos Humanos, Eva Lorentz; la ex secretaria del MP, Nedelka Díaz; el abogado Alcibiades Ballestero; y el hijo de Díaz, Ángel Castillo.

Por este caso, solo Valdez fue indagada, ya que el resto se acogió al Artículo 25 de la Constitución para no declarar; además, presentaron incidentes de controversia contra la orden de indagatoria que fueron negados recientemente por el Segundo Tribunal. Solo está por resolver un incidente de Díaz.

El fiscal Dimas Guevara tiene hasta finales de julio para enviar la vista fiscal.

Las fincas invisibles.
Vinculados al supuesto caso de corrupción del MP, pusieron como garantía para fianza de excarcelación, fincas que, al parecer, no existían. Todo comenzó tras una denuncia en la que se reveló que las fincas utilizadas para fianza estaban, supuestamente, sobrevaloradas.

Esta investigación, que adelanta la Fiscalía Auxiliar, reveló -tras una inspección que se realizó al lugar donde están aparentemente las fincas- que no existen. Hasta el momento, el Juzgado Cuarto no ha sido notificado, pero al ser informados, debe revocar y fijar una nueva fianza.