Auditoría revela deficiencias en la justicia

La falta de estadísticas confiables para medir el funcionamiento del sistema judicial fue plasmada en una auditoría a la justicia en Panamá, lo que constituye una de las principales deficiencias, sostuvo la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo.
Este estudio revela, entre otros aspectos, que un alto porcentaje del presupuesto del sistema de justicia está destinado al pago de salarios. Además, destaca el poco interés de la población en denunciar los actos de corrupción y la asignación de pobres recursos al sistema penitenciario, en contraste con el crecimiento de la población encarcelada.
La auditoría fue elaborada por la Alianza Ciudadana pro Justicia y será presentada públicamente a las autoridades correspondientes la primera semana de abril; sin embargo, se están enviando copias a los candidatos presidenciales, a los máximos representantes de los tres Órganos del Estado y a miembros de la sociedad y organismos gremiales.
Castillo indicó que al final de la auditoría se recomienda una reforma al sistema de justicia penal, pues en comparación con otros países del área, Panamá está atrasada en este aspecto.
El estudio revela que el 70% de los B/. 82 millones destinados en el 2003 al Sistema de Justicia (Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia) se utilizan en el pago de salarios.
Sostuvo que esta auditoría es una fotografía del sistema de justicia penal donde se exponen análisis a varios aspectos como independencia y transparencia del sector justicia; acceso de los ciudadanos a la justicia, defensa pública, defensa privada, presupuesto del Organo Judicial y el Ministerio Público.
El trabajo elaborado también recoge el aspecto ético de los abogados y funcionarios judiciales, la mora judicial y la relación entre crecimiento de la población penitenciaria y el presupuesto asignado al sistema penitenciario.
Castillo explicó que el estudio contiene una encuesta donde se revela que el 44 % de los ciudadanos encuestados mostraron poco interés en denunciar los actos de corrupción.
Entre otros aspectos, el estudio revela que la población penal en las cárceles creció de 6,600 reos en el año 1995 a 11,450 en el 2003; sin embargo, el presupuesto destinado el año anterior no registra la misma proporción en crecimiento.
En 1995, el presupuesto fue de B/. 6 millones; en 1997 fue de B/. 9.1 millones y en el 2003, sólo fue de B/. 9.9 millones.
Este presupuesto se dividió en 53 % para el pago de salarios; 40 % en alimentación, 4 % en transporte y 3 % en otros gastos.
Según Castillo, estas cifras revelan el poco interés de las autoridades con respecto al asunto penal y a pesar que una comisión presidencial designada por el gobierno elaboró un Plan de Política Criminal, aún no se ha dado a conocer su contenido y se espera que se conozca antes que concluya el período de la presidenta Mireya Moscoso.
Castillo espera que cuando se den a conocer los resultados del trabajo desarrollado por esa comisión, el próximo gobierno asuma sus recomendaciones y que no suceda como en otros casos donde una administración desecha un proyecto porque fue elaborado por otra.
Castillo hizo un llamado a todos los entes para que destinen mayores fondos para atender el sistema judicial y a los jueces y fiscales que revisen bien cada caso cuando emiten una sentencia, pues las cárceles están superpobladas.
El 54 % de los presos en las cárceles del país no están condenados y de esos, la mitad es atendida por defensores de oficio. Una de las conclusiones que contiene la auditoría, es que se designen nuevos defensores de oficio para acelerar los procesos judiciales.