Administrador de la AMP denunciado por perdida de portón portuario

La polémica gestión de Noriel Araúz al frente de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), termina en medio de diversas irregularidades y denuncias por supuestos actos de corrupción.

La última denuncia contra Araúz fue presentada por el abogado Ramsés Paulette, por posibles delitos contra la administración pública producto de la desaparición física de una estructura portuaria estatal.

Se trata específicamente de un pontón flotante (nuevo) de (15m x 10m) con sus respectiva pasarela, que hasta el 4 de noviembre de 2020 se encontraba en funcionamiento en el atracadero de Isla Taboga con un valor de 371 mil 403 dólares, propiedad de la Autoridad Marítima de Panamá.

Luego la posterior compra directa en el año 2021 de otro con características similares por la suma de 975 mil 253 dólares mediante contrato A-7001-2020 refrendado el 7 de junio del año antes mencionado.

Agregó que mediante acta de aceptación sustancial refrendada por la Contraloría General de la República, el día 9 de mayo de 2019, la AMP recibió a satisfacción la obra "Estudio, diseño y construcción para la adecuación del muelle 00 existente de Taboga Provincia de Panamá" Contrato A-7004-2017 con el Contratista Consorcio Thm - Consulting, S.A. por el monto de $ 624,953.30.

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Añadió que dentro de las actividades objeto del contrato A-7004-2017, se aprecia que el contratista Consorcio Thm - Consulting, hizo el suministro e instalación de un pontón, refrendado por la Contraloría el 30 de septiembre de 2018 tuvo un costo de 371mil 403 dólares, los cuales no fueron pagados a la empresa antes mencionada.

A pesar de este incumplimiento de pago, la AMP convocó bajo procedimiento excepcional el contrato para la reparación de este pontón para el atraque de lancha, contrato que se le otorgó a la empresa Mejolsus Marine, por un monto de $975 mil 253.

Acto seguido, Consorcio Thm - Consulting presentó una demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción la cual fue admitida, debido al incumplimiento de pagó de una obra pública adjudicada.

A pesar de que la AMP fue notificada de esta demanda, decidió continuar con la licitación para la reparación de este pontón.

El demandante expresó que el único daño que sufrió la estructura marítima en mención fue el elemento de la pasarela que se desprendió producto del mal tiempo, demás elementos como muelle, pontón flotante, pilotes hincados entre otros se encontraban un funcionamiento normal.

Comentó que es importante resaltar que el informe que uso la AMP para dicha licitación, no cuenta con ningún sustento fotográfico que valide los presuntos daño, por tanto se aprecia que se informaron los hechos motivadores en una forma distinta a como sucedieron para dar motivo a una contratación pública mucho más elevada.

El denunciante resaltó que a Mesolju, dentro del pago que se le hizo por casi un millón de dólares, se le contempló un pagó para el diseño y construcción del pontón, lo que confirma la supuesta teoría de una multiplicación de materia.

Ante esto, el denunciante pide que se investigue un posible desgreño administrativo, peculado y la posible asociación ilícita entre el contratista Mesolju con Noriel Araúz, administrador de la AMP, funcionario de mando y jurisdicción responsable de esta institución, y cualquier otra persona natural o jurídica que resulte responsable por el perjuicio al Erario Público.

Algo que se dio producto de las acciones y omisiones bajo la responsabilidad del denunciado, que utilizó la discrecionalidad de la emergencia sanitaria por covid-19 para presumiblemente hurtar una estructura portuaria existente (pontón flotante) con su respectiva pasarela de aluminio y accesorios y a la vez contratar a una empresa de forma directa pagando el doble del precio para que suministrara un reemplazo del mismo.

"En este sentido no debe descartarse en las investigaciones que se realicen la posibilidad que fueran utilizados los mismos bienes hurtados para revendérselos al Estado Panameño mediante un maquillaje, ocasionando una lesión al patrimonio público por la suma de un millón trescientos cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis dólares.

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