Francia
Francia estudia otro horario para funcionarios divorciados
Eso permitiría a los padres divorciados con hijos menores a cargo y custodia compartida alterna trabajar cuatro días.
- París
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- EFE
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- - Actualizado: 17/3/2024 - 10:00 am
El primer ministro, Gabriel Attal, ha prometido trabajar mejor. Foto: EFE
El Gobierno francés estudia aplicar una semana laboral diferenciada para sus trabajadores, que beneficiaría especialmente a los padres divorciados para permitirles cuidar mejor de los hijos de los que estén a cargo.
La idea fue desvelada hoy por el periódico La Tribune du Dimanche, que añade que será debatida en un seminario gubernamental convocado por el primer ministro, Gabriel Attal, para el próximo díla 27.
El plan estudia varias ideas, como que los funcionarios trabajen cuatro días o cuatro días y medio a la semana, aunque sin reducción del tiempo efectivo de trabajo, y dejarles más días libres.
Eso permitiría a los padres divorciados con hijos menores a cargo y custodia compartida alterna (el sistema habitual) trabajar cuatro días durante la semana en la que tienen a sus hijos menores.
En Francia, las escuelas primarias y la mayoría de los centros de enseñanza media no tienen clase los miércoles por la tarde. Si se aplica, el sistema permitiría a los padres cuidar mejor de sus hijos cuando estos no están en la escuela.
Attal ya ensayó con una semana de cuatro días, aunque con el mismo número de horas trabajadas, en el Ministerio de Hacienda cuando estuvo al frente de ese departamento entre mayo de 2022 y julio de 2023.
En su discurso de programa presentado en enero pasado con motivo de su llegada al cargo, Attal ya había señalado que uno de sus objetivos era "trabajar mejor" y pidió a los ministros que experimentaran con ese sistema en sus respectivos departamentos.
En Francia, en caso de separación o divorcio, ambos padres siguen teniendo derechos y obligaciones con sus hijos, conocidos como «autorité parentale».
Por otro lado, Francia lleva más de 20 años con una semana laboral de 35 horas, la cual entró en vigor con carácter general, el 1 de enero del 2002.
Esta medida la puso en marcha el Gobierno socialista de Lionel Jospin y se ha convertido en referencia para otros países europeos.
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