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Durante los operativos fueron detenidas diez personas de apellidos Chavarría Sevilla (madre e hijo, uno de ellos líder), Sánchez Pérez (líder), Mejía Vega, Cruz Isaguirres, Santamaría Caballero, Eguigure Toruño, Chavarría, Zeledón Chavarría, Altamirano Ampie.
La organización sometía a las víctimas a permanecer en los establecimientos bajo diferentes medios de coacción.
Migración de Costa Rica y la Fuerza Pública lograron desarticular a una presunta organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, en que las víctimas eran mujeres de diferentes nacionalidades, entre ellas panameñas.
Este domingo, la Policía Profesional de Migración de este país, bajo la dirección funcional de la Fiscalía de La Fortuna de San Carlos, realizó diez allanamientos en diferentes sectores de San José, Cartago, Guanacaste y Alajuela en Costa Rica.
Durante los operativos fueron detenidas diez personas de apellidos Chavarría Sevilla (madre e hijo, uno de ellos líder), Sánchez Pérez (líder), Mejía Vega, Cruz Isaguirres, Santamaría Caballero, Eguigure Toruño, Chavarría, Zeledón Chavarría, Altamirano Ampie. Estas personas eran de nacionalidades costarricenses, nicaragüenses, dominicanos y panameños, todos investigados por el delito de trata de personas.
La investigación se inició el año pasado, logrando comprobar que existía una presunta organización criminal conformada por colaboradores de diferentes nacionalidades, entre ellos panameños, encargados de administrar diferentes establecimientos comerciales utilizados para la explotación sexual de mujeres.
Estas personas, mediante anuncios en periódicos locales y redes sociales, captaban a mujeres costarricenses, panameñas, nicaragüenses, mexicanas, dominicanas y colombianas que se encontraban en una condición de vulnerabilidad, donde se aprovechaban ofreciéndoles ofertas laborales a cambio de altas sumas de dinero.
Esta red criminal contaba con un alto nivel económico que, a pesar de la pandemia por la COVID-19, se organizó para seguir operando de forma clandestina en los locales comerciales, aún con las restricciones establecidas por el Ministerio de Salud.
La Policía de Migración logró demostrar que esta red criminal trasladaba a las víctimas entre los nueve establecimientos que mantenían en todo el país, con la estructura adecuada para que brindaran el servicio sexual, cobrando por la actividad desde $30.00 hasta los $800.00 de acuerdo al perfil y solicitud del cliente.
Además, la organización sometía a las víctimas a permanecer en los establecimientos bajo diferentes medios de coacción y se les impedía salir de los lugares sin previa autorización. En ocasiones eran obligadas a consumir drogas.
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Los ahora imputados serán presentados en los Tribunales de Justicia de San Carlos y enfrentarán cargos por el delito de Trata de Personas, en que el código Penal de Costa Rica establece pena de prisión de 8 a 16 años.
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