Tribunal de Cuentas: No hubo lesión patrimonial en caso de helicópteros

Unos 15 operadores de justicia determinaron que no hubo delito, ni lesión patrimonial en el caso de los alquileres de helicópteros, por el cual fue condenado el exministro del Mides, Guillermo Ferrufino.

El pasado 8 de marzo, el Tribunal de Cuentas de Panamá dictó una decisión en la cual decretó que no existió lesión patrimonial en las contrataciones hechas por el Ministerio de Desarrollo Social (MIdes) es a la empresa Heliflight S.A., cuyo propietario es el señor Fotys Lymberopulos.

Esta decisión se basó en dos razones fundamentales, la primera fue que el informe de la Contraloría General de la República no fue idóneo y que además era deficiente para evaluar si se cometió o no una lesión patrimonial.

La segunda razón fue que la actuación de Guillermo Ferrufino y funcionarios del Mides se dio en estricto apego al manual de procedimientos de la institución y el ordenamiento jurídico vigente.

Cabe indicar que el Tribunal de Cuentas dejo en claro que los fallos anteriores de jueces y magistrados del Órgano Judicial no son vinculantes a la jurisdicción de cuentas.

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Además, señaló que la decisión se da de forma independiente luego de una estricta valoración de las pruebas recabadas por la Fiscalía de Cuentas.

Esto es altamente contraproducente, puesto que la Juez Baloisa Marquínez, en su sentencia condenatoria dictada en contra de Guillermo Ferrufino, repitió una y otra vez que una de las bases del enriquecimiento injustificado fue que se otorgó concesiones a Fotys Lymberopulos y su empresa Helifligth, a pesar de que este no fue imputado en este proceso.

15

operadores de justicia determinaron que no hulb lesión patrimonial alguna.

Esto deja en claro que la sentencia se ha basado en inferencias sin sustento legal alguno, al punto que un tribunal de la categoría del tribunal de cuentas ha desmentido lo dicho por la juez Marquínez en su decisión.

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Según Ferrufino, de este modo los tres magistrados del Tribunal de Cuentastas se unen a un juez penal, dos magistrados del Tribunal  Superior de Apelaciones y nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia que unanimemente han decretado que no existe delito ni perjuicio alguno contra el estado por las contrataciones hechas de vuelos de helicopteros.

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