Próximo gobierno está obligado a investigar la manipulación de justicia

El término del gobierno de Juan Carlos Varela marcará también el fin de su protección a los actores de una trata de manipulación de la justicia que él apadrinó y, por ende, la llegada de denuncias y pruebas para que todas estas personas sean investigadas, ya dentro de la próxima administración. 

Así lo vaticinan juristas que hoy ven con impotencia el silencio del presidente y de sus altos personeros ante las nuevas revelaciones que confirman que desde la Presidencia se “armaron” casos en contra de adversarios políticos.

Este proceso de manipulación ilegal apunta a un grupo de ungidos del presidente, incluyendo la destacada participación del jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López; la actual procuradora general de la nación, Kenia Porcell; y el “consultor externo” y abogado personal de Varela, Rogelio Saltarín.

Hay consenso en las organizaciones de derecho en Panamá en cuanto a que todos ellos seguramente serán investigados en el próximo gobierno.

Aunque Alfredo Vallarino Alemán, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (Apap), precisa que para no repetir los errores de injerencia de esta gestión, lo más correcto es que el próximo gobierno no se meta... “Nada más que no los proteja, con eso va a ser suficiente”, indica.

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“Nosotros en las oficinas privadas tenemos la suficiente información para presentar las denuncias de todo lo que ocurrió en este lapsus. Pero como no somos bobos ni mensos, no lo vamos a presentar antes del 2 de julio de 2019, porque sabemos lo que va a ocurrir... Pero ese término llega el 2 de julio de 2019 [fecha en que Varela deja el cargo]”, adelantó Vallarino.

En declaraciones para NEXtv, el presidente de Apap ofreció una mirada retrospectiva de estos cuatro años así: “Da lástima ver cómo se torció la justicia”.

Cómplices

Y en esa torcedura de la justicia, el secretario del Consejo de Seguridad, Rolando López, y el abogado de Juan Carlos Varela, Rogelio Saltarín, se erigen como los “coordinadores” de toda la trama.

Con el aval de Varela, ambas figuras “armaron” en la Presidencia la mayoría de los casos de persecución política, tildados de alto perfil, a pesar de que la Constitución solo le da potestad de investigar al Ministerio Público (MP).

Pero es justamente desde el Consejo de Seguridad Nacional de donde Juan Carlos Varela saca a la actual procuradora Kenia Porcell (ella era subdirectora del CSN), lo que confirma un nexo ilegal. 

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“Tengo el presentimiento de que la procuradora va a quedar siendo investigada”, vaticina el jurista Víctor Orobio.

“Al Ejecutivo se le fue la mano, el pie, y yo creo que se le fue la cabeza también”, resume el abogado Orobio.