Panamá
Defensor del Pueblo que solicitó que se discuta una propuesta que excluye de los acuerdos de pena a sindicados por estos delitos.
Hace 9 meses fue aprobado en primer debate un proyecto del Gobierno que modifica todo el título de delitos sexuales a menores. Foto ilustrativa
Una de las respuestas de las autoridades, tanto del Órgano Ejecutivo como el Legislativo, cada vez que se disparan los casos de violencia en el país, entre agresiones a menores de edad y crímenes de odio, es la presentación de reformas a las legislaciones vigentes en materia penal.
En esta ocasión nadie ha presentado reforma alguna, aunque hay voces en la sociedad que exigen penas máximas como cadena perpetua, pena de muerte o que menores infractores sean castigados como adultos.
Pero, en este quinquenio todavía no se ha abordado nada relacionado a endurecer las penas, a pesar de que en la Asamblea reposan proyectos en este sentido.
Precisamente, el pasado miércoles, la diputada Fátima Agrazal (CD), pidió apoyo a sus colegas para que se discutan dos proyectos de ley que presentó con respecto a los acuerdos de pena para casos de agresiones sexuales a menores de edad y la castración quirúrgica para violadores.
En el caso del proyecto 858, la diputada hace la observación de que no se busca eliminar los acuerdos de pena, sino que al momento de dosificar la pena a las personas investigadas por delitos contra la libertad sexual de modo agravado, se empiece por la pena máxima del delito, atendiendo a la gravedad de los hechos.
Sobre este particular, existe otro proyecto, el 867, presentado por participación ciudadana y que es más drástico que el de Agrazal, al eliminar toda posibilidad de acuerdo de pena a los imputados por delitos contra la libertad e integridad sexual.
La Defensoría del Pueblo está a favor de este último proyecto y solicitó al Órgano Legislativo que lo acoja para garantizar la protección a la integridad física, psicológica y moral de los menores.'
En la Asamblea pasada se intentó sacar de los acuerdos de pena a agresores sexuales de niños, sin embargo, no fue posible.
A pesar de que hace casi seis años se aumentaron las penas por estos delitos, no ha habido una disminución, mas bien siguen en aumento.
La pena máxima por violación sexual en Panamá es de 15 años.
En la iniciativa del Gobierno se dispone que las penas por agresiones sexuales contra menores sean de 15 a 20 años de prisión, las que se elevan a 25 años bajo ciertos agravantes y hasta 28 años si el victimario tiene una enfermedad de transmisión sexual.
En cuanto a la castración quirúrgica, el defensor Eduardo Leblanc se opuso, ya que va en contra de los derechos humanos.
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Lo que sí lamentó el Ombudsman es que personas acusadas de violación le den medidas cautelares de casa por cárcel.
"En estos casos graves, el juez de garantías debe verificar bien y adoptar unas medidas más fuertes a una persona que ha sido acusada de un crimen tan terrible", sostuvo.
En el Legislativo también está engavetado el proyecto de Ley 593, presentado por el Gobierno a finales de marzo de 2021.
Esta fue una de las respuestas del Ejecutivo al escándalo de los abusos a menores recluidos en albergues regentados por el Estado.
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El proyecto es una reingeniería total a la tipificación de los delitos sexuales contra niños y adolescentes y a pesar de que fue aprobado en primer debate el 26 de abril de 2022, todavía no ha sido tratado en el Pleno de la Asamblea.
La última propuesta del Gobierno fue aumentar la pena mínima por homicidio simple a 12 años.
En la actualidad, la pena mínima para quien cause la muerte a otro es de 10 años.
Todavía esta iniciativa no ha sido presentada a la Asamblea por el ministro de Gobierno.
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