Presentan iniciativa de ley que busca modificar y actualizar la profesión de la abogacía

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), habló sobre una propuesta de presentada en la Asamblea Nacional para modificar y actualizar la ley de la abogacía.

Agregó que, entre otros aspectos, dentro de estas modificaciones se introduce la recomendación que hizo el Pacto de Estado por la Justicia, en el 2005, que fue de colocarle una prueba de conocimiento para los nuevos abogados.

“Han pasado 17 años de esa recomendación y todos los sectores de la vida jurídica han encontrado alguna forma para no cumplir con esa recomendación, es hasta el 2021 en donde la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia produce una resolución mediante la cual dictamina que se realizará una prueba obligatoria para quienes realicen el curso de inducción para los nuevos abogados”, indicó el letrado.

Expresó que dos de los principales actores en la administración de justicia ya cuentan con una ley que los regula.

“Dentro de la administración de justicia están los tres principales actores, que son los jueces, los fiscales y los abogados. Los jueces tienen una ley que regula su ejercicio del año 2015, los fiscales tienen una ley que regula su ejercicio del año 2009 y los abogados nos hemos quedado con una ley de 1984, que no se compadece ni con la actualidad, ni con las exigencias de la sociedad”, explicó.

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Otro aspecto que se introduce dentro de esta nueva iniciativa de ley, es la obligación de un programa de educación continuada en el caso de los abogados que ya ejercen.

También se introducen algunos aportes para fortalecer el régimen disciplinario y algunas medidas de protección al ejercicio de la abogacía, en el caso de aquellos letrados que realizan defensas conflictivas, explicó Araúz.

Aseveró que en general serían tres temas, el examen de evaluación, la educación continuada y el fortalecimiento del régimen disciplinario de los abogados.

Reiteró el presidente del CNA que se busca designar un consejo que administre este tipo de evaluación (prueba de conocimiento) y que las universidades asuman un rol protagónico dentro de estas evaluaciones.

Araúz aclaró que ninguna prueba que valide los conocimientos debe verse como restrictiva.

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