Panamá
En su momento, se conoció que esta investigación la llevan a cabo las fiscales Anilú Batista y Azucena Del Rosario Aizpurúa.
A Juan Carlos Varela lo señalan de perseguir judicialmente a sus adversarios políticos.
Autoridades panameñas pedirán asistencia judicial internacional a España y Estados Unidos como parte de las investigaciones por la denuncia penal que investigan debido a la compra y uso del denominado Metabuscador.
Esta información fue confirmada por una fuente del Ministerio Público (MP), quien agregó que durante los próximos días se reactivarán las entrevistas a exfuncionarios de esta institución que laboraron con la exprocuradora general de la Nación, Kenia Porcell.
En su momento, este medio conoció que la empresa española Innotec System, cuyos servicios fueron contratados para vender y operar el Metabuscador, bajo la administración de Porcell, cerró sus operaciones en Panamá y el MP no lograba ubicarla.
En la adquisición de este equipo, la Procuraduría de la Nación se comprometió a pagar al contratista español la suma de $610 mil, que incluían $39 mil de impuestos, para el suministro de programas (software) y equipos (hardware).
Innotec System le incluyó al Ministerio Público en el contrato 77 mil 969 dólares en viáticos y viajes entre Panamá y España.
En estos pagos, también se incluyó la suma de 151 mil 322 dólares por los servicios de un equipo de expertos en gestión gubernamental, 18 mil dólares por un programador y $89 mil 170 en la contratación de otro personal.
Dentro de este caso, son investigados Porcell, el exsubsecretario del MP y excomisionado policial, Daniel Arroyo, el excomisionado Jacinto Gómez y exmiembros del Consejo de Seguridad.'
14
de junio del año 2016, es la fecha desde la cual supuestamente funcionó este equipo.
610
mil dólares fue el monto del contrato del Ministerio Público con la empresa española.
Estas personas están denunciadas por los supuestos delitos contra la administración pública y otros relacionados con el uso irregular de medios informáticos.
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Esta denuncia fue presentada por el abogado Jamis Acosta, quien indicó que el MP sigue realizando actos de investigación, entre ellos, una serie de entrevistas en busca de los elementos necesarios que puedan comprobar los delitos que posiblemente se han cometido y que están contemplados en los artículos 289, 338 y 355 del Código Penal.
El denunciante dijo que esto se encuadra en el Título VIII que habla sobre delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, contra la informática, contra la administración pública, diferentes formas de peculado y abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos .
Estas asistencias judiciales se suman a otras diligencias que ha realizado el Ministerio Público dentro de este caso.
Se conoció que el pasado 17 de marzo de 2021, dicha fiscalía realizó diligencias en el edificio 'Saloon' del Ministerio Público, como parte de las investigaciones para tratar de dar con la ubicación de este equipo, según indicó una fuente oficial.
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El MP, a mediados de septiembre del año pasado, también realizó algunas diligencias por este caso.
Dos personas que laboraban en esta institución manejando este software fueron llamadas a declarar al Ministerio Público.
Esta denuncia se presentó luego de publicaciones periodísticas en donde se denunció la existencia de un equipo conocido como Metabuscador, que operaba en el MP bajo la administración de Porcell.
Este equipo tecnológico tenía la capacidad de darle seguimiento a correos electrónicos, redes sociales, sociedades, cuentas bancarias y todo tipo de información que se ingresara a su base de datos.
Juristas y adversarios políticos de Juan Carlos Varela denunciaron que se practicó persecución política con este equipo.
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