Persisten críticas a proyecto de extinción de dominio

Los cuestionamientos y críticas hacia el proyecto de ley de extinción de dominio, promovido por las autoridades como la posible solución contra el crimen organizado y la delincuencia, no cesan.

El abogado y catedrático universitario Miguel Antonio Bernal, cuestionó a los que promueven esta ley de extinción de dominio sobre la forma en que se maneja la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de Drogas (Conapred), encargada de manejar los bienes cautelados a los grupos delincuenciales.

Bernal preguntó si existe algún informe sobre el destino de los bienes muebles e inmuebles cautelados.

También dijo que sí se sabe cuál es el destino de los dineros que recibe la institución producto de las ventas de tales bienes.

¿Usted sabe cómo se reparten esos fondos?, ¿por qué nadie da cuenta de esto?, ¿de dónde tomó Pino los dineros para los scanners que compró?, ¿dónde salió la licitación para ello?, ¿quién la refrendó?, y ¿dónde está él áudito de los dineros cautelados?, son algunos de los cuestionamientos que realizó el catedrático a través de su cuenta de Twitter.

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Además, preguntó que ¿a cuánto asciende ese monto millonario de los dineros cautelados?, los cuales según él, al igual que las licitaciones, son manejadas al antojo del ministro Juan Manuel Pino.

“No hay transparencia, ni rendición de cuentas. Quieren la “extinción” para decapitar garantías y robar impuestos”, puntualizó.

Recientemente, las voces de rechazo al polémico proyecto de ley de extinción de dominio volvieron a resonar, tras las declaraciones de la nueva embajadora de Estados Unidos, Maricarmen Aponte, quien dijo que es urgente su discusión y aprobación en la Asamblea Nacional.

Aponte indicó que “Estados Unidos urge a la Asamblea Nacional a que siga el debido proceso, tenga los debates que tenga que tener, pero al fin y al cabo apruebe esta ley”.

Estas declaraciones de Aponte generaron una serie de críticas por parte de diversos abogados del país, quienes las calificaron como una intromisión en los asuntos internos de Panamá.

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