Panamá
Legalizan aprehensión de bienes y dinero incautados en la Operación Fisher
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Por este caso, 51 de las 57 personas aprehendidas están bajo detención provisional e imputadas por los delitos de asociación ilícita para delinquir agravada, en calidad de autores, y por blanqueo de capitales.
Operación Fisher desmanteló brazo logístico del Clan del Golfo en Panamá. Foto: Archivos
La Fiscalía de Drogas logró este lunes que se declarara legal la aprehensión de los bienes y más de 10 millones de dólares incautados en la Operación Fisher.
En la operación que desmanteló a un importante grupo criminal que supuestamente, operaba como brazo logístico del peligroso Clan del Golfo de Colombia en Panamá, la autoridades decomisaron una gran cantidad de pacas con dinero dentro de un caleto en una casa en el sector de Limón, Providencia, en la provincia de Colón.
Fueron más de $10 millones, lo que requirió más de 10 máquinas contadoras, cerca de 50 funcionarios y más 12 horas de trabajo para contabilizar este dinero, indicó el procurador encargado, Javier Caraballo.
Igualmente, fueron incautados más de 5 millones en bienes inmuebles, más de 30 vehículos de alta gama, cuentas, entre otros, según informes del Ministerio Público.
En la operación que duró unos 22 meses, fueron aprehendidas una 57 personas, entre ellas, funcionarios, miembros de los estamentos de seguridad, un mayor de la Policía Nacional y un capitán del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Igualmente, fueron capturados funcionarios del Ministerio de Educación (Meduca), funcionarios de una junta comunal de la provincia de Colón, y dos trabajadores de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Fuentes oficiales indican que la organización se dedicaba a recibir y despachar grandes cargamentos de drogas hacia el exterior, por vía marítima y terrestre.
Por este caso, 51 de las 57 personas aprehendidas están bajo detención provisional e imputadas por los delitos de asociación ilícita para delinquir agravada, en calidad de autores, y por blanqueo de capitales.
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El Juzgado de Garantías impuso detención domiciliaria para otras tres personas y notificación periódica para dos. También se ordenó la suspensión del cargo para el ejercicio de funciones públicas a 7 de las personas a quienes se les aplicó la detención provisional.
El procurador general encargado, Javier Carballo y el director de la Policía Nacional confirmaron que el grupo criminal vinculado al Clan del Golfo operó por más de una década en territorio nacional.
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