La visión para administrar justicia del presidente Laurentino Cortizo aún no está clara, según el presidente del Colegio Nacional de Abogados.
El sistema de justicia carece de estructura, afirma el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz. Juan Carlos Lamboglia
El Colegio Nacional de Abogados no está dispuesto a comprometer la credibilidad por temas políticos, así lo deja claro su presidente, Juan Carlos Araúz, en medio de las críticas y la falta de confianza que tienen los panameños en el sistema de justicia.
¿Qué valoración hace del sistema de justicia?
La justicia acumula una serie de críticas que no se ha podido sacudir. Hay distintas etapas que generan capas de falta de confianza, descréditos e incidentes que no han podido ser esclarecidos a través de mecanismos a lo interno de la propia justicia. La ausencia de un régimen disciplinario ha ido tomando mayor escenario lo que convierte a la justicia en el foco de la tormenta.
¿Qué rol juega el Colegio ante la pérdida de confianza en el sistema?
Una vocería mesurada y equilibrada donde no puede levantar la mano en ninguno de los dos lados de la acera, pero con contundencia hablar de las deficiencias del sistema. Cuando se habla de justicia se tiene que hablar en neutralidad, de lo contrario estamos hablando de activismo de casos, y el Colegido Nacional de Abogados debe ser una activista por la justicia y nunca ser un activista de casos.
Sistema de justicia en el 'ojo de la tormenta', ¿Dónde están las fallas?
En el debate de las partes, cuando se conoce que hubo deficiencia y no se activan mecanismos institucionales para confirmar las dudas. Yo no puedo calificar a la justicia basándome en la sospecha cuando hay mecanismos institucionales que se tienen que activar, y si no son eficiente hay que corregirlos. Si usted hace un catálogo de justicia en los últimos 10 años encontrará puntos coincidentes en las mismas deficiencias, pero no ha habido una sistematización para presentar los correctivos necesarios.
¿Quiénes tienen la culpa?
Los políticos en primer término, que tienen la posibilidad de transformar la justicia y no han querido, también quién dirige el país porque tiene la capacidad de mostrar una ruta que no debe considerarse como intromisión en los otros órganos del Estado. Históricamente se ha confundido independencia judicial con abandono. La justicia en general tiene rezagos.
La capacidad de los actores de la justicia también es cuestionada, ¿Qué opina usted?
Sin un método objetivo para llegar a esa conclusión me quedo en la afectividad, es decir, soy parte de una controversia, pero no presento ni la queja, ni el recurso que corrija, el mecanismo que revierta esa situación. Claramente, del Sistema Penal Acusatorio tiene críticas porque el poder político lo segmentó en etapas y retrasó el otorgamiento de recursos.
¿La independencia de presupuesto revertiría la situación del sistema de justicia?
Sería el inicio, porque el tema de presupuesto ha sido utilizado para justificar el actuar incompleto, o deficiente en algunas situaciones porque simplemente, la realidad impone que el funcionariado trabaje con las uñas. La justicia funciona con las uñas y eso tampoco debe ser desconocido.
¿Qué sataniza entonces al sistema de justicia en Panamá?
Hablar del caso a caso, pretender que los medios de comunicación presenten solamente el tratamiento de los casos individuales que ocupan justamente la crítica ciudadana como el factor real para calificar el problema de la justicia. Cada caso debe dejar una lección aprendida con un catálogo de fallas organizado para cuando el poder político tenga la disposición se presenten reformas concretas a la justicia y se entienda como un avance.
¿Hay o no justicia selectiva en Panamá?
Nunca lo vamos a saber si los actores y los que les corresponde ejercer las acciones no las activan y permanecerá como una crítica subjetiva en el ambiente porque si no hay mecanismo, nunca habrá forma objetiva de calificar a la justicia y cada quien hace una valoración basándose en el conocimiento individual de lo que vive o cuando es sometido a los rigores de la justicia.
¿Actúa o no la justicia de manera subjetiva?
La falta de mecanismos tampoco me permite defender la inexistencia del actuar subjetivo, el sistema está en una situación donde la crítica no puede ser sacudida y eso amerita un debate de cómo auxiliar la justicia porque si ocurrió lo que debemos garantizar es que no vuelva a ocurrir, y en la medida que se prolongue este debate no contribuye a una estabilidad.
Escogencia de nuevos magistrados, ¿Cuál es el papel del Pacto de Estado por la Justicia y la Comisión Evaluadora?
Son dos entes separados. La pregunta es, ¿la Comisión es verdaderamente evaluadora, o una Comisión que validará algo que va a ocurrir? La ausencia de métodos y mecanismos siempre genera fricciones, y la elección de magistrados históricamente ha sido caldo de cultivo para señalar falta de objetividad.
¿Qué esperan del presidente de la República?
Como Pacto de Estado por la Justicia y como Comisión Evaluadora tenemos la necesidad de trasladar nuestras inquietudes al presidente de la República, y conocer la visión del presidente en materia de Justicia. Si no conocemos cómo interpreta el presidente este momento de designación de magistrados, cada quien vivirá con una realidad paralela.
¿El presidente Laurentino Cortizo no es claro con su visión de justicia?
Así es y tampoco es un factor sorpresa. Los últimos gobiernos tampoco han expresado su visión de justicia. La realidad política no es sorpresa y tampoco podemos trasladárselo a este mandatario porque es parte directa del reproche a los mandatarios que han transitado por la silla presidencial.
¿Tendremos magistrados con capacidad o ungido presidencial?
Si la Comisión Evaluadora no tiene métodos, se puede convertir en una validadora del ungido presidencial, por eso no correspondía determinar de forma frontal con el presidente Laurentino Cortizo para determinar el rol de la Comisión Evaluadora, porque para convertirnos en validadores de ungidos, es mejor pedirle al presidente que nomine a su candidato y que atraviese el proceso en la Asamblea Nacional.
¿Cuál es la visión del Colegio Nacional de Abogado en este tema?
No podemos permitir que un colega sea sometido a un escarnio público, a un falso concurso, a una creencia de que su perfil va a ser tratado con dignidad cuando el cargo ya está reservado para otro. Desde el Colegio Nacional de Abogado queremos garantizar igualdad, pero sin perder de vista que es un proceso político, y como tal no podemos confiar plenamente en que la labor técnica de una Comisión Evaluadora va a suplir el interés político. Esa conversación franca ahorrará a la sociedad un momento adicional que contamina más la credibilidad de la justicia.
El presidente dejó a la Comisión Evaluadora la tarea, ¿Está preparada para asumir?
Que la Comisión Evaluadora tenga la convicción que puede realizar una tarea de contribuir a presentar perfil adecuado, es importante, pero lo correcto sería que al momento de conformar la comisión se convocara a los sectores para plantear su disponibilidad y eso no ha ocurrido. Los procesos anteriores de evaluación han dejado muchas críticas, profesionales lastimados, falta de sensibilidad con una profesión destinada a ser los actores de la justicia. Podría haber más de diez mil profesionales que cumplen los requisitos pero que no presentan sus hojas de vida porque siente dudan de quién los evalúa.
¿Temen comprometer la credibilidad del Colegio Nacional de Abogados en este proceso?
En efecto, y por eso vamos a ser muy celosos, primero para que nadie dude de cuál es el papel y la realidad que nos compete, pero tampoco nos vamos a presentar como enemigos naturales del poder político porque sabemos la dependencia que existe para crear una transformación.
¿Qué tanto se atienden las recomendaciones del colegio Nacional de abogado?
No solo es el Colegio Nacional de Abogado, el propio Pacto de Estado por la Justicia ha ido perdiendo entusiasmo desde el punto de vista que las recomendaciones que debía materializarse en reformas, en la administración anterior fueron ignoradas. Como actores de la sociedad civil tenemos limitaciones, no tenemos incidencia en el poder político más allá de presentar posiciones objetivas. En los roles de los políticos tiene, no sé si es conveniencia o temor a abordar la realidad de la justicia panameña que hace que se distraiga la mirada, y muchos sectores de la sociedad están congelados, donde nadie advierte que el Estado actual de la justicia depende de la mano política contundente, pero con la vigilancia de la sociedad.
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