Hay que revisar lo que hace el país para darle protección a los menores

A la luz de la revelación de supuestos abusos a menores recluidos en albergues regentados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), las diputadas que investigaron estos hechos sugirieron una reforma integral a la entidad.

"Con la mediación de la comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, se elabore y presente un proyecto de ley cuyo objetivo sea la reestructuración organizativa y la construcción de una nueva institucionalidad en la Senniaf, donde se instalen verdaderas capacidades para formular, articular, coordinar, ejecutar, monitorear y evaluar políticas, programas y proyectos que tengan como norte el bienestar de las familias, la población de los niños, niñas y adolescentes del país", leyó la diputada suplente Walkiria Chandler del informe en el que se dio a conocer estos hechos.

No obstante, Panamá como signatario de convenios y pactos internacionales sobre protección de menores, debe seguir un proceso más complejo para revisar estas políticas, si se comprueba la veracidad de estas denuncias.

"Siempre existirá la necesidad de que esas investigaciones sean ágiles y que, sobretodo, puedan o confirmar o disipar lo que se señala", expresó Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados.

Para Araúz, los hechos denunciados de alguna manera afectan directamente la reputación del Estado panameño, debido a que genera dudas sobre el papel de supervisión y protección de los menores.

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A su juicio, se debe establecer una mesa de diálogo que tiene que conocer a profundidad los hechos denunciados y los alcances, para que en un consenso social, se puedan hacer una serie de recomendaciones y si hay que hacer ajustes, hay que darles prioridad.

"Estos hechos, al tratarse de menores, se traduce en que se consienten o se rechazan. Justamente, el rechazo debe ser inmediato, a través de controles, desde políticas públicas, la investigación de carácter penal y las sanciones correspondientes", señaló Araúz.'

El nombramiento de Carla García en la Gobernación de Panamá generó rechazo, debido a que procedió de la subdirección de la Senniaf y el traslado se dio horas antes de que se revelara el informe.

Las denuncias sobre abusos en los albergues se dieron bajo la administración de Sara Rodríguez, quien renunció a su cargo en los primeros días del año.

Abusos sexuales a menores con discapacidad fue uno de los hechos denunciados, así como trabajo infantil, mezclar en estos centros a niños con adultos mayores y personas en recuperación por el consumo de drogas. Se llegó a denunciar hasta casos de abortos.

El lunes se interpondrá la denuncia penal ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación que permita esclarecer estos hechos.

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Para el abogado Alfonso Fraguela esta, además de exhaustiva, debe tener más alcance del trabajo que realizó la subcomisión legislativa.

"Es importante que el Estado juegue un rol mucho más controlador y que no se repita esto", dijo.

Unicef se pronuncia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), reaccionó ayer ante las denuncias de abusos de menores en los albergues y expresó su profunda preocupación, así como instó a las autoridades competentes a realizar las investigaciones pertinentes con la mayor prontitud posible.

A su vez, pidió no dilatar más la deuda histórica de contar con una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia, tal y como ha sido indicado en varias ocasiones.