Panamá
Mediante estas pesquisas, se busca resolver dónde estuvo realmente ubicado el Metabuscador, cómo fue utilizado y contra quiénes.
Kenia Porcell.
La Fiscalía Especial Anticorrupción ha continuado con las investigaciones por la compra y uso del Metabuscador dentro del Ministerio Público (MP), bajo la administración de la exprocuradora, Kenia Porcell.
Se conoció que el pasado 17 de marzo de 2021, dicha fiscalía realizó diligencias en el edificio Saloon del Ministerio Público, como parte de las investigaciones para tratar de dar con la ubicación de este equipo, según indicó una fuente.
Esta nueva diligencia realizada hace cuatro días, se suma a las que llevó a cabo el MP a mediados del mes de septiembre del año pasado, donde dos personas que laboraban en esta institución, manejando este software, fueron llamadas a declarar a la Fiscalía.
En este momento se está a la espera de un informe pericial por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con lo que se podría dar con la ubicación exacta en donde supuestamente funcionaba el equipo.
Dentro de este caso, son investigados la exprocuradora, Kenia Porcell, el exsubsecretario del Ministerio Público, Daniel Arroyo, quien renunció a su cargo como miembro de la Policía Nacional (PN), el excomisionado Jacinto Gómez y exmiembros del Consejo de Seguridad Nacional.
Estas personas están denunciadas por los supuestos delitos contra la administración pública, así como otros relacionados con el uso irregular de medios informáticos.
Esta denuncia fue presentada por el abogado Jamis Acosta, quien indicó que la Fiscalía sigue realizando actos de investigación, entre ellos, una serie de entrevistas en busca de los elementos necesarios que puedan comprobar los delitos que posiblemente han infringido y que están contemplados en los artículos 289, 338 y 355 del Código Penal.'
610
mil dólares fue el monto del contrato del Ministerio Público con la empresa española.
4
exfuncionarios del Gobierno de Juan Carlos Varela son investigados por este tema.
Según el denunciante, esto sae encuadra en el Título VIII que habla sobre delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, delitos contra la informática, contra la administración pública, diferentes formas de peculado y abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos .
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Acosta recordó que su denuncia la hizo luego de publicaciones periodísticas en donde se dejó en evidencia la supuesta existencia de un equipo conocido como Metabuscador, que operaba en el MP bajo la administración de Porcell.
En su momento, este medio conoció que la empresa española Innotec System, cuyos servicios fueron contratados para vender y operar el Metabuscador, bajo la administración de Porcell había cerrado sus operaciones en el país y el MP no lograba ubicarla.
En abril del año pasado, se pudo conocer que el Ministerio Público realizó algunas diligencias internacionales como parte de las investigaciones que adelanta dicha Fiscalía. Las mismas estaban relacionadas al hecho de que dicho equipo fue adquirido a la empresa española Innotec System, a través de un contrato que hizo el Ministerio Público bajo la administración de Porcell.
Para esta contratación, la Procuraduría se comprometía a pagar al contratista español la suma de $610 mil (incluyendo $39 mil de impuestos) para el suministro de programas (software) y equipos (hardware).
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Esta empresa le incluyó al Ministerio Público en el contrato 77 mil 969 dólares en viáticos y viajes entre Panamá y España.
Dentro de estos pagos, también se incluyó la suma de 151 mil 322 dólares por los servicios de un equipo de expertos en gestión gubernamental, 18 mil dólares por un programador y $89 mil 170 en la contratación de otro personal.
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