Extinción de dominio, 'herramienta peligrosa' que puede ser usada contra políticos, empresarios e incluso hasta periodistas

La ley de extinción de dominio que promueve el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen, como solución a la inseguridad que se vive en el país, puede ser utilizada no solo como herramienta de persecución política, sino también contra empresarios, abogados e incluso hasta periodistas, aseguró Isaac Brawerman, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA).

El jurista señaló que en el Código Procesal Penal de Panamá, del articulo 252 al 269 se contemplan todas las medidas cautelares incluyendo la aprehensión de bienes y secuestros penales, los cuales fueron modificados con la ley de delincuencia organizada, que ya contempla todo lo que se quiere hacer ver que hace falta y que llenaría la extinción de dominio.

Brawerman indicó que en la ley de extinción de dominio que se busca aprobar, en su artículo 4, numeral 1, se habla que "actividad ilícita es cualquier tipo de delito y no habla este proyecto específicamente sobre narcotráfico".

"En ese sentido, en el día de mañana cambia el Gobierno, nombran otro procurador y empieza a decir, por ejemplo, que todo los periodistas han sido pagado por opositores, por lo cual han cometido delito de calumnia y hay que investigarle sus cuentas y secuestrarles los bienes porque presuntamente su dinero viene de actos ilícitos, ya que el proyecto de extinción de dominio no habla de narcotráfico, sino de cualquier delito", dijo.

Agregó que así mismo pueden hacer con abogados, empresarios, opositores políticos, porque simplemente pueden adversar al Gobierno de turno.

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El jurista enfatizo que un proceso de este tipo puede demorar años y es paralelo a la jurisdicción penal, por lo que no se necesita una condena o un proceso penal para abrir un proceso de extinción de dominio.

"Es una herramienta demasiado peligrosa y yo siempre he dicho que es innecesaria porque todas las herramientas las tiene ya el Código Procesal y la ley de delincuencia organizada que se creo por está razón. Lo que si no estoy de acuerdo es que ahora se busque crear una nueva jurisdicción, manejada por los mismos mediocres que ya manejan la justicia penal ordinaria, por lo que el resultado será peor", dijo.'

94

artículos contiene el proyecto de ley con que se busca aprobar la extinción de dominio.

625

es el número del proyecto de ley presentado y promovido por el Ministerio de Seguridad.

Campaña para imponer

Otro que crítico esta ley, fue el abogado Miguel Antonio Bernal, quien señaló que "valiéndose del imperdonable conocimiento que tiene, la gran mayoría de la población de sus derechos y garantías en todos los terrenos, la empresa criminal conjunta que presiden Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, han desatado una campaña destinada a imponer leyes que, so pretexto de combatir la criminalidad, en realidad atentan contra la libertad y seguridad ciudadana".

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Agregó que este proyecto contiene 94 artículos, repartidos en 11 capítulos, en los cuales recurren, como pretexto, a la necesaria e impostergable persecución al crimen organizado, nacional e internacionalmente, "lo que contiene dicho proyecto #625 es una cadena llena de violaciones de las más históricas y preciadas garantías".

Bernal cuestionó a las autoridades que promueven este proyecto de ley.

"Con la bandera de la urgente necesidad de la aprobación de esa ley para acabar con el narcotráfico, la embajada norteamericana ha organizado seminarios para jueces y fiscales sobre dicho anteproyecto. Y, recientemente, un viaje a Bogotá, Colombia, -con todos los gastos pagos-, de altos funcionarios del Ministerio de Seguridad y una decena de diputados de todas las bancadas, con el propósito de "familiarizarlos" con el tema", explicó.

Esto según el abogado Bernal, para que "actúen como verdugos de nuestras libertades dentro de sus objetivos antinacionales, antidemocrátcos y anticiudadanos, para la instauración de un Estado policíaco en Panamá".

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Expresó que lo más grave de la escalada que conduce a una abierta remilitarización del país, es el silencio cómplice de las dirigencias político partidistas, sindicales, empresariales, académicas, estudiantiles, gremiales y cívicas.

"Su silencio los convierte en cómplices activos de todo lo que se avecina en desgracias para los derechos y garantías ciudadanas", concluyó.

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