Dan país por cárcel a dos personas acusadas de desfalco a la Caja de Seguro Social
- Panamá / EFE
El supuesto desfalco bajo investigación se articuló presuntamente a través del Sistema Integrado de Prestaciones Económicas (SIPE) del Seguro Social.
La Caja de Seguro Social en ciudad de Panamá. Foto: Archivo
Un juzgado de Garantías imputó cargos a dos personas acusadas por la supuesta afiliación fraudulenta de extranjeros en la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS), causando un desfalcó de 300 millones de dólares a esta entidad, informó el Ministerio Público (MP).
La imputación se realizó en una audiencia en la que el Ministerio Público sustentó los elementos con que cuenta para demostrar no solo la comisión de delito, sino la vinculación de sus responsables por la comisión del Delito contra la Fe Pública, indicó la entidad investigadora.
El supuesto desfalco bajo investigación se articuló presuntamente a través del Sistema Integrado de Prestaciones Económicas (SIPE) de la Caja de Seguro Social.
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El Juzgado de Garantías validó la imputación y aplicó la medida cautelar de prohibición de salida del territorio nacional (país por cárcel).
Se imputó a la representante legal de la sociedad JG P C, y a la persona que manejaba los usuarios y contraseñas del programa SIPE. En la información no se precisa la identidad de los investigados.
La investigación preliminar determinó que la sociedad JG P C, desde el mes de septiembre de 2016 hasta marzo de 2017, registró un total de 184 afiliaciones de personas extranjeras a la CSS a través de la plataforma del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas.
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La empresa JG P C. se inscribió en la Caja de Seguro Social "solo para registrar extranjeros, como presuntos trabajadores; sin embargo, la empresa como tal no tenía una estructura física, ni mucho menos, existía una relación laboral", señala un comunicado del MP.
Las afiliaciones se daban para cumplir con los requisitos de regularización que exige el Servicio Nacional de Migración de Panamá.
El 13 de agosto pasado, en una audiencia de control se legalizó la información extraída de la base de datos del SIPE, referente a las afiliaciones realizadas por el empleador investigado.
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