Judicial
Condenan por peculado a la exdefensora del Pueblo, Patria Portugal
Portugal también fue inhabilitada para ejercer funciones públicas por 4 años, luego de cumplida la pena principal.
- Redacción
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- - Actualizado: 03/8/2020 - 08:22 pm
La exdefensora del Pueblo, Patria Portugal, fue condenada a 96 meses de prisión por el delito de peculado.
Portugal había sido acusada de aprobar dos contratos, uno por 249,845 dólares y otro por 199,983 dólares para el rediseño de la página web de la institución.
El fallo, con la condena de los 8 años de presión, lleva la firma de la jueza octava del primer ciuito judicial de Panamá, Leira Terán.
Portugal también fue inhabilitada para ejercer funciones públicas por 4 años, luego de cumplida la pena principal.
En declaraciones a Telemtro.com, Portugal dijo: "Seguiré luchando, voy a apelar por supuesto esa sentencia absurda... mi abogado Rogelio Cruz va a presentar inmediatamente la apelación correspondiente y esperando que cuando esto suba al Tribunal Superior se haga justicia para poner un poquito de credibilidad en la justicia panameña y resuelvan la barbaridad que acaba de hacer esta juez".
"Osea que yo malversé los fondos porque allí podían hacer ese trabajo… yo pienso que allí hay un tinte de corrupción porque no hay que ser abogado para leer el expediente y ver que no he cometido ningún delito cuando ejercí mis funciones y el trabajo que hice, entonces porque a alguien se le ocurre tener la opinión, a ella, a la juez Terán, se le ocurre decir que a su criterio yo no tenía que haber realizado la consultoría de cambio de imagen a la Defensoría porque había funcionarios que podían hacer ese trabajo, y claro que había funcionario que podían pero el trabajo diario cómo lo iban a hacer aparte del trabajo de una nueva cara para la Defensoría”, dijo Portugal a ese medio de comunicación.
Portugal fue designada como defensora del Pueblo en 2011 y separada del cargo el 5 de agosto de 2013, tras presiones de grupos de la sociedad civil.
La Asamble Nacional la removió del cargo bajo el argumento de supuesta negligencia al otorgar contratos onerosos para distintas consultorías.
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