Panamá
Cárceles: Corrupción y un gran negociado
Ángel Calderón afirmó que los centros carcelarios del país no reúnen las condiciones para evitar que se de el ingreso de estos artículos ilegales.
- Luis Ávila
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- - Actualizado: 06/4/2023 - 12:00 am
La gran cantidad de armas, celulares, drogas, alcohol y miles de dólares en efectivo que se decomisan dentro de los centros carcelarios dejan en evidencia el gran negociado y la corrupción de funcionarios, que es un mal casi imposible de erradicar en Panamá.
Los delincuentes se las ingenian para introducir estos artículos a los penales y han sofisticado las formas de hacerlo. En la actualidad, uno de los elementos más usados para esto son los drones, los cuales son programados para lanzar los artículos ilegales en puntos específicos dentro de los penales. También otra forma de introducirlos es a través de animales, tal como pasó en la cárcel pública de la provincia de Colón, donde recientemente fueron capturadas una paloma y un gato que estaban transportando sustancias ilegales.
Otra forma de introducirlo es a través de los alimentos que le envían a los privados de libertad. Esto sin dejar por fuera a los propios familiares que buscan introducir estos artículos ilegales a través de su propio cuerpo y algunos funcionarios públicos que custodian estos penales, los cuales se prestan para este comercio ilegal.
Ángel Calderón, exdirector del Sistema Penitenciario de Panamá, comentó que para poder tener una efectividad en lo que es la prevención de la introducción de artículos ilegales a las cárceles, es necesario apoyarse en herramientas tecnológicas que faciliten verificar que entra a las mismas, algo que actualmente no se implementa. Sumado a esto, explicó que está el recurso humano que custodia los penales, que es allí donde se dan conspiraciones, por lo que hay que tener mucho cuidado, ya que pudiera ser que los "agentes contaminados" son lo que colaboran en introducir artículos ilegales a los centros penitenciarios para su posterior comercialización.
"Los temas técnicos en las cárceles están totalmente descuidados, las cámaras están dañadas, ya no sirven, los escáneres están deteriorados y no están funcionando, mientras que el recurso humano, ya se ha comprobado su participación dentro del tráfico de sustancias y artículos ilegales", puntualizó.
Ante esto, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) anunció que en febrero pasado el Consejo de Gabinete aprobó una resolución que autoriza al Ministerio de Gobierno contratar para la adecuación de servicios tecnológicos en el Complejo Penitenciario La Joya.
"Se contempla la instalación de un moderno centro de monitoreo. El sistema altamente tecnológico abarca la utilización de radares, bloqueadores de celulares, rayos X, escáneres, escaneo corporal (body scan), tecnología biométrica con sensores, actualizaciones de acuerdo a las innovaciones tecnológicas y cambios de equipos que resulten afectados por el vandalismo", dijo la entidad.'
14
mil 591 privados de libertad es la capacidad del sistema carcelario del país.
Explicó que la adquisición de esta nueva tecnología estará cubierta por un mantenimiento permanente por el término de 10 años y dará como resultado el reforzamiento de la seguridad, el respeto a los Derechos Humanos y ayudará en la disminución de la criminalidad en las cárceles.
Cárceles no reúnen las condiciones
Calderón comentó que en Panamá solo existen dos centros carcelarios que reúnen los requisitos para evitar que este tipo de ilegalidades se den, por lo que es necesario mejorar esta gran problemática.
Otro aspecto que Calderón cuestionó, es el hecho de que en Panamá se permite a los familiares de los privados de libertad llevarle los llamados "supermercados de alimentos", algo que se presta para la introducción de artículos ilegales. A su juicio, ya es hora de que el Estado panameño asuma su rol en el tema de lo que es la alimentación y vestido de las personas privadas de libertad.
"Si tu vez una visita carcelaria, se tiene a 200 personas por día llevando los llamados 'supermercados de alimentos', es imposible que el recurso humano carcelario pueda revisar todo eso, lo que es aprovechado para introducir artículos ilegales" aseveró.
De forma puntual, declaró que no hay que decir que todos los familiares de los privados de libertad se prestan para llevarles artículos ilegales, sin embargo, las "falencias y descuidos" el sistema carcelario son aprovechados por algunos para estas ilegalidades.
"Por eso es que se han visto personas que son capturadas con droga en su cuerpo, las cuales se arriesgan y tratan de burlar los pocos controles que hay en las cárceles", anotó.
Calderón señaló que además de esto, se tiene el ingreso de camiones externos con todo tipo de mercadería, lo que también se presta para el ingreso de artículos ilegales.
"Esto sin dejar por fuera los artículos que se producen dentro de las propias cárceles, donde cualquier objeto puede ser usado para fabricar un arma, un lápiz, un cuchillo, una platina, los cuales son fáciles de conseguir internamente. Internamente, los privados de libertad, como no tienen nada que hacer, se fabrican una platina, algo que es habitual en todas las cárceles del mundo", aseguró.
Explicó que ante esto, no es mucho lo que se puede hacer, salvo las llamadas requisas para dar con el hallazgo de estos artículos que pueden ser utilizados para acabar con la vida de un privado de libertad.
Otro punto que Calderón argumentó, es que aparte de las cárceles de David y la Mega Joya, ninguna más reúne los requisitos para albergar a detenidos, para poder tener un mejor control y una mayor seguridad.
Expresó que por ejemplo en cárceles como las de Las Tablas, Chitré y Penonomé no se escucha de la introducción de estos artículos ilegales, ya que cómo son chicas se cuenta con mejores controles y se puede tener un mejor radio de acción para evitar el ingreso de sustancias ilícitas.
"Para mí son tres factores que influyen en este tráfico de objetos ilegales a las cárceles, la falta de tecnología, la cual es escasa, la humana, que está comprometida, y la carencia de instalaciones para atender a los privados de libertad y garantizar una mejor seguridad, algo que guarda relación con la falta de presupuesto", advirtió.
Panamá exporta tecnología penitenciaria
El exdirector del Sistema Penitenciario afirmó que aunque parezca mentira, Panamá exporta tecnología y experiencia penitenciaria a otros países, sin embargo, el Estado no las toma en cuenta para ver cómo se mejora este problema.
"El Estado siempre busca a los mismos, los cuales son unos improvisados en estos temas", aseguró.
Por ejemplo, Calderón indicó que quien le está facilitando mucha información y tecnología al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para el control carcelario, es precisamente una empresa que está establecida en Panamá, la cual nunca la han tomado en cuenta para que colabore en estos temas.
Catalogado como delito
Recientemente, Roger Tejada, ministro de Gobierno, anunció que introducir artículos prohibidos a las cárceles será un delito, ya que espera que pronto la Asamblea Nacional (AN) apruebe el proyecto de ley que se está elaborando para esta finalidad.
Tejada declaró que en estos momentos, aquellos funcionarios y visitantes que efectúan estas malas prácticas, se enfrentan a leves faltas administrativas como son multas de doscientos o cuatrocientos balboas impuestos por un Juez de Paz o la pérdida del puesto de trabajo, pero no existe una sanción severa, lo que se traduce en un aliciente para que las mismas se sigan dando.
Razón por la cual, se trabaja en una iniciativa de ley que eleve estas faltas administrativas a delitos con sanciones de tipo penal.
"Tengo un funcionario que fue separado por tres días y luego de esa sanción, nuevamente fue capturado tratando de introducir artículos prohibidos, entonces la sanción a este hecho debe ser la prisión", subrayó el ministro Tejada.
La Dirección General del Sistema Penitenciario también manifestó que mantienen una política de cero tolerancia contra la corrupción, por lo que han destituido a funcionarios sorprendidos introduciendo artículos a los centros penitenciarios del país.
Agregó que en base a la ley, los casos con sustento legal para denuncia penal, han sido puestos a órdenes del Ministerio Público.
"Otro punto importante es la coordinación con la Policía Nacional y trabajo de inteligencia conjunto, para evitar el ingreso de artículos y sustancias ilícitas. También el reforzamiento en los puntos de acceso a los centros penitenciarios y el patrullaje constante perimetral", detalló la entidad.
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