Coronavirus en Panamá
Calderón indica que lo único que está solicitando es que su cliente, quien ya tiene casi seis años de estar detenido, de una pena de ocho años que le fue impuesta, sea enviado para su casa con vida.
Luis Cucalón, exdirector de la Dirección General de Ingresos, se mantiene detenido desde el año 2014. Archivo
"Están jugando con la vida de Luis Cucalón", así lo manifestó Ángel Calderón, abogado defensor del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), quien se encuentra detenido en el Centro Penitenciario El Renacer.
Las declaraciones de Calderón surgen ya que, a pesar de que el Ministerio de Gobierno en conjunto con el Órgano Judicial están realizando una serie de audiencias para ver los casos de privados de libertad que han cumplido gran parte de la pena o que pudieran estar expuestos al COVID-19, todavía el caso de Cucalón no es atendido.
Hay que indicar que a principios del mes de abril, la defensa de Cucalón ha estado solicitando que su defendido sea incluido dentro de las personas que son beneficiadas con una medida distinta a la detención preventiva
La solicitud se hace ya que en febrero de este año, en una audiencia de cumplimiento, en la que solicitó un cambio de medida para su defendido, la misma no le fue otorgada porque faltaba un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), el cual el juez solicitó con carácter de urgencia.
El exdirector de la DGI, quien se mantiene detenido desde el año 2014, mantiene fuertes afectaciones pulmonares, por lo que utiliza un respirador artificial. Además, los medicamentos que tienen que tomar no los facilita el centro médico del penal, sino que sus familiares tienen que comprarlos.
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Contrario a Cucalón, hace una semanas el exdiputado y miembro del Partido Panameñista, Jorge Alberto Rosas fue beneficiado con una medida de casa por cárcel, esto luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le otorgó un recurso de habeas corpus solicitado por su defensa.'
En el mes de febrero de este año, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) culminó un informe sobre las condiciones de salud de Cucalón, por lo que inmediatamente Calderón solicitó una nueva fecha de audiencia, sin embargo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mandó a detener los términos legales por el COVID-19, razón por la cual la misma no se ha podido realizar.
El jurista agregó que la situación del exdirector de la DGI es grave, puesto que en el centro penitenciario El Renacer, donde se encuentra recluido, tiene que mantenerse 16 horas usando un respirador artificial y sus familiares tienen que hacer malabares para poder contar con el medicamento que toma, pues el centro médico de dicho penal no cuenta con medicinas.
Rosas es vinculado dentro del caso Odebrecht, ya que a través de su firma de abogados esta empresa brasileña pagaba planillas de una de sus empresas subsidiarias, específicamente Constructora del Sur.
Calderón indicó que hasta donde él sabe, en Panamá no existe la "pena de muerte", sin embargo dijo que pareciera que las autoridades eso es lo que quieren para Cucalón.
Agregó que como su defendido se agrave o le suceda algo malo dentro del penal, la demanda que interpondrá al Estado panameño será millonaria.
Sus declaraciones se dan en medio de una recomendación que hizo la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) a los países para que revisen las condiciones de los privados de libertad frente a la pandemia del COVID-19.
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Este organismo insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención, como una medida de contener el virus y otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, principalmente a las personas vulnerables y con enfermedades, tal como es el caso de Cucalón.
La CIDH también recomendó adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en cuanto a atención médica, alimentación, saneamiento y medidas de cuarentena.
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