Racionamiento

Empezó a hacer aguas el buque insignia del gobierno. A 48 horas de la ejecución del control de precios aparecieron los agujeros negros característicos del sistema. La cadena de supermercados Rey decidió vender solo dos bolsas de cinco libras de arroz a los compradores, según explicaron empleados, para evitar el aprovechamiento de quienes compran más bolsas para fondas, restaurantes o amas de casa que temen un rápido desabastecimiento del producto. Este puede ser el principio de una cadena de racionamiento que se puede extender a otros productos regulados.

El decreto ejecutivo no establece compras limitadas de los artículos congelados, dado que la libertad de comercio no contempla restricciones que se aplican por responsabilidad de las empresas. Muchas familias compran para todo el mes más de dos bolsas de cinco libras de arroz, no por cálculo especulativo, sino para saciar las necesidades de una sola vez.

Al fantasma del racionamiento se agregan quejas y protestas de dos sectores básicos de expendio popular: abarrotes, minisúper y ventas callejeras. Los comerciantes asiáticos compraron a un precio y el decreto los obliga a vender por debajo de la mercadería previamente adquirida, lo que les produce pérdidas en razón de que la regulación no comprende a los productores e intermediarios.

No todos los abarrotes y los minisúper han vendido carne de babilla de res antes del decreto y frustran, sin quererlo, a quienes piden ese corte. Otros abarrotes no vendían todos los productos regulados y no tienen respuesta a las solicitudes de compras, y aparecen como burladores de la ley.

Los consumidores reclaman que se alargue la lista de artículos regulados y que se rebaje los precios de aceite, azúcar, café, sal. ¿Por qué no hay control del precio del aceite? Sin este no se puede cocinar. Sin café y azúcar no hay desayuno. Ante carencias irrefutables, los consumidores exigen la reevaluación del control, que a unos sanciona, pero a otros beneficia.

Los vendedores que ofrecen mercadería al aire libre, preferentemente verduras y frutas, reclaman que se les excluya de los congelamientos de precios, arguyendo que los precios de los intermediarios no concilian con los regulados.

Según sus directivos, la Acodeco no tiene el número de empleados que se dedique exclusivamente a supervisar o multar a los miles de comercios del territorio nacional. El controlismo crea burocracias costosas e inútiles porque a cada forado que se cierre, se crean otros.

Antes que las consecuencias negativas del congelamiento de precios perjudiquen a comerciantes y consumidores, el gobierno debería suspender los controles y apostar por las jumboferias.

El decreto de marras es una medida política, no un estudio minucioso del sistema de comercialización vigente. Ahora empiezan consultas a posteriori con la Cámara de Comercio y otros agentes del mercado para salvar del naufragio del decreto. Caer en el racionamiento lleva al desabastecimiento, a la escasez y a la carestía. Representa lanzar al despeñadero la economía libre que impulsó el liderazgo económico de Panamá. Si no se toman las decisiones, caeremos a un pozo, del que cuesta mucho salir. El refrán dice es de sabios rectificar, pero persistir en el error es imprudente.