Preocupación por continuidad de operaciones de la mina

La Cámara Minera de Panamá (Camipa) expresó hoy su preocupación por la situación entre Minera Panamá y el Estado, específicamente sobre la continuidad en las operaciones de la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón, porque ante la posible suspensión del proyecto, se generarían repercusiones no positivas para el país.

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De acuerdo con el gremio del sector minero, los mecanismos de negociación o presión no deben conducir a situaciones que pongan en riesgo la continuidad de las operaciones de la empresa, las inversiones futuras del sector minera y otros sectores del país, porque, "perdemos todos".

Camipa se refiere a todo el proceso que hoy se mantiene, luego de que el Gobierno panameño anunció en enero de 2022 un nuevo Contrato Ley entre el Estado y Cobre Panamá (el proyecto de inversión extranjera más grande en el país) que se enfocara en los mejores beneficios para el istmo. Después, en marzo, dio a conocer los acuerdos para la firma de dicho contrato, que incluían, entre otros, que el 50% de los ingresos mínimos anuales por extracción de cobre serían para el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.) de la Caja de Seguro Social; cuya fecha tope fue a más tardar el 14 de diciembre de 2022, sin embargo, esa fecha se venció sin haber llegado a un acuerdo, situación que obligó a retomar la discusión, pero el proceso ha estado lleno de incertidumbre.

En el domunicado, el gremio detalló que entiende que el proceso de negociación es complejo y que ambas partes adopten posiciones de presión como estrategia para alcanzar a un acuerdo, aunque dedujo que para llegar a un acuerdo razonable ambas deben ceder en sus pretensiones.

Además, para Camipa, hay que sumarle "el efecto reputacional negativo a nivel internacional", que dañaría la confianza en futuras inversiones en el país.

"Panamá está recuperándose de los embates causados por la pandemia de COVID-19 y este nuevo escenario negativo representaría un enorme perjuicio adicional para los más de 2,000 proveedores nacionales entre los que cuentan los afiliados a Camipa, que en su conjunto facturan cerca de $900 millones anuales a Minera Panamá y que de allí pagan impuestos, prestaciones, salarios, obligaciones financieras y servicios que ya no entrarían a hacer parte del movimiento económico nacional", detallaron.

De hecho, los proveedores de la mina emitieron una declaración pública dirigida al presidente de la República, Laurentino Cortizo, donde apelaron "al sentido común y al buen juicio de las  personas que tienen la capacidad de permitir, o no, que las dos mil empresas y miles de  personas (95% panameños) que dependen de que el proyecto siga generando riqueza para el  país y sea viable, tengan la tranquilidad de poder llevar el pan a sus familias y hacerlo con la  satisfacción que genera trabajar con honestidad y profesionalidad".

"Llevamos prestando servicio diez años y lo hemos hecho bajo la supervisión de unas normas de obligado cumplimiento determinadas por la compañía, que son estrictas y rigurosas, que  contemplan el respeto a las personas y a la naturaleza y que en definitiva contribuyen a un  crecimiento del nivel de vida del país. No podemos entrar en los detalles de las negociaciones de la compañía con el Gobierno, pero sí estamos obligados a hacer una llamada de atención tan respetuosa como consecuente,  para  que no se pare la cadena de producción y el trabajo siga fluyendo con normalidad. El solo hecho de que la situación se esté prolongando nos ha puesto bajo sospecha ante terceros y muy especialmente ante la banca, que ha bloqueado las líneas de financiación para  la adquisición de los equipos con los que prestamos servicio y está generando dificultades en  nuestra tesorería", dieron a conocer.

Los proveedores hicieron público su "apoyo incondicional a Minera Panamá, a quien le reconocemos el mérito de facilitar el sustento a nuestras empresas y  empleados".