Panamá
Nuevo hospital de Colón comenzará a ser pagado en 2024
Se construye bajo la modalidad de Llave en Mano con pago intermedio, por lo que en abril de 2024 se debe hacer el primer pago, para lo que el consorcio debe haber culminado, por lo menos, la mitad de la obra.
- Francisco Paz
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- - Actualizado: 23/9/2022 - 06:15 pm
De los cuatro hospitales que construía IBT, este fue el más atrasado. Foto: Internet
El hospital Manuel Amador Guerrero es la única construcción de los cuatro hospitales gestionados durante el Gobierno de Ricardo Martinelli, que ha sido reanudada.
El costo original de la obra, que fue suspendida cuando presentaba 64% de avance, fue de $173 millones y, ahora, con su reactivación, se ha elevado a $270 millones, si se incluye el financiamiento del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).
El Consorcio de Instalaciones Médicas de Panamá, liderado por Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A., asumió la continuación del proyecto, luego de la cesión del contrato por IBT Health.
Además, participan las empresas Ingeniería R.E.C., S.A. y Transeq, S.A., ambas de capital panameño, cuyos representantes legales son Eduardo Di Bello y Carlos Allen Arosemena, respectivamente.
Este proyecto se realiza bajo la modalidad de Llave en Mano con pago intermedio, lo que indica que el desembolso del Estado se realiza a la mitad del avance de la obra y cuando sea entregada.
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De acuerdo a la adenda No.8 al contrato No.185 de 2010, relativo al proyecto, el primer pago se debe realizar en la vigencia fiscal de 2024, cuando la obra complete 50%, por $135.3 millones.
Se hace la salvedad que si el consorcio no ha completado la mitad de la obra a esa altura, el pago se desembolsará en abril de 2025, pero con recursos de la vigencia fiscal de 2024.
Y es que para abril de 2025 se tiene contemplado en la adenda que se cancele el pago al contratista, con los $135.3 millones restantes que, en caso de que la obra no esté lista en ese entonces, se correrá para abril de 2026.
Hay que destacar que la adenda establece que el monto del contrato no es absoluto y que, en caso de inconvenientes en la ejecución del mismo que sean ajenos al consorcio, considerando “el ambiente social que se vive en el sitio del proyecto”, si aumenta el costo podrá ser reconocido por el Estado, a través de otra adenda.
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