Nueva ley de contratación genera más desconfianza

La supuesta transparencia en los procesos de contratación con el Estado, a través de la recién aprobada reforma de la ley de contratación pública, generó más dudas que confianza en los diversos sectores de la sociedad.

La oposición de estos grupos obligó al presidente de la República, Juan Carlos Varela, a convocar a un nuevo diálogo sobre puntos en los cuales no hubo consenso.

La expectativa de mayor transparencia a la cual se refirió el Gobierno quedó en tela de dudas, luego de que miembros de la sociedad civil y del sector privado cuestionaran la celeridad con que el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley, con poco o ningún debate, según ellos, respondiendo a requerimientos del Órgano Ejecutivo.

A pesar de las críticas, para el director de Contrataciones Públicas, Eduardo Corro, la aprobación de este proyecto de ley constituyó un avance importante a favor de la transparencia.

Corro destacó que en los cerca de ocho meses de discusión se revisaron los 149 artículos de la ley, lo cual resultó en 79 modificaciones y 20 artículos nuevos.

No obstante, los denunciantes afirman estar decepcionados con el proyecto de ley 305 que reforma la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública, por lo cual han solicitado al Ejecutivo un veto parcial.

Ante esto, el mandatario no ha definido si sancionará parcialmente o no el recién aprobado proyecto y en su lugar, indicó que está en espera de la opinión del equipo legal de la Presidencia de la República.'

Adecuación de la plataforma electrónica de contrataciones

El sistema PanamáCompra V2 es la plataforma electrónica de contrataciones públicas que se está utilizando actualmente y se le tendrá que realizar ajustes dentro de su lógica de trabajo para poder implementar dentro de sus flujos de proceso los cambios que dicten las modificaciones.

Estas modificaciones que se le harán a la plataforma estarán disponibles cuando la nueva ley de contrataciones cumpla con su “vacatio legis”, el cual no es más que el periodo que transcurre desde la publicación de la ley hasta que entra en vigor, según explicó a este diario la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

La entidad explicó, mediante una nota, que, mientras tanto, el sistema actual estará en cumplimiento de la nueva normativa de contrataciones públicas cuando la misma pase su periodo de publicación respectivo.

Datos

50,000 es el tope para las compras menores, según la nueva reforma a la ley.

30,000 era el tope anterior para las compras menores, según la normativa.

Varela propone que se presente una ley solo para el tema de corrupción en el proceso de contrataciones, la cual llegaría al pleno legislativo el 2 de julio.

Falta de voluntad

Para los diferente grupos, el Gobierno no aprovechó la oportunidad para hacer los cambios necesarios y mostrar al mundo que Panamá no patrocina actos de corrupción.

Temas como las contrataciones de empresas extranjeras, el gran poder que se le brinda a la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) y la facultad de poder hacer más contrataciones menores, son solo algunos de los puntos que no fueron aprobados por la comunidad civil y gremios empresariales.

Transparencia Internacional (TI) fue aún más directa al afirmar que si bien el proyecto de ley elimina "algunos de los abusos que sirvieron para que fuera mucho más fácil desviar fondos públicos", lo propuesto sigue siendo insuficiente para blindar de muchas prácticas corruptas que seguramente "subsistirán", si no se fortalece más el sistema y se establecen mayores mecanismos de transparencias.

El organismo también advirtió en el comunicado, que el aumento de las contrataciones menores de 30 mil a 50 mil dólares requiere una contrapartida de control para evitar extender la corrupción menor.

Por su parte, Julio De La Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa privada, (Conep), recordó que después de la ley de presupuesto general del Estado, la ley de contrataciones públicas es la segunda más importante.

Para De La Lastra, preocupa que el modelo de las contrataciones menores pueda incluso permitir beneficiar a empresas mediante compras fraccionadas.

Indicó que "el problema es que cuando se da el tema de contrataciones menores, porque entonces viene lo de la división de materia que consiste en que poquito a poquito llegamos a un mundo de contratos".

"No nos llamemos a engaños. Si yo tengo medio millón de valor de una licitación y lo divido en compras menores o compras fraccionadas, voy a llegar a los 500 mil dólares, pero lo voy a hacer de una manera que no se vea muy evidente", indicó.

Destacó que ya debemos pasar ese capítulo y demostrarle al mundo que buscamos rendición de cuentas y transparencia en todos los procesos.

La Ley 22 de 2006 establecía compras menores hasta los 30 mil dólares, sin embargo, la modificación a la ley establece un tope de 50 mil dólares.

El empresario indicó que la idea es tener una ley dinámica que no paralice la ejecución del presupuesto por parte del Gobierno, pero que a la vez sea muy transparente y evite la corrupción de una vez por todas y habría que tener más escrutinio en este tema de compras menores.

Los expertos también agregan que el fraccionamiento de las compras podría crear un puente a la corrupción.

"Cuando uno logra comprar volumen está en mejor condición de negociar precios más cómodos; cuando uno compra en volumen pequeño, compra en precios más altos, por lo que fraccionar limita esta posibilidad", dijo el economista Juan Jované.

Por su parte, Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), indicó que hay varios rubros que no quedaron muy claros en el proyecto de ley.

"Creo que el tiempo fue importante y la presión política tuvo más relevancia que el propio contexto de la ley", señaló.

Indicó que fue aprobada porque estaban contra el tiempo y tenían que sacar una ley que dijera que hicieron algo en su periodo.

El artículo 41 establece los parámetros sobre las contrataciones menores e indica que el procedimiento para la contratación menor permitirá, de manera expedita, la adquisición de bienes, servicios u obras que no excedan los $50 mil cumpliéndose con un mínimo de formalidades y con sujeción a principios de contratación.

Otro de los aspectos cuestionables de la reforma es el poder que se le otorga a la Dirección General de Ingresos Públicos (DGIP).

Al respecto, el abogado Ernesto Cedeño anunció que demandará el proyecto de ley, ya que se le atribuye mucho poder a la DGCP, ubicándose como juez y parte, entre otros puntos.

El nuevo proyecto separa la inhabilitación de la multa que va de 1% al 15% del contrato y establece inhabilitación a proveedores de tres meses a cinco años e inhabilitación definitiva a quienes hayan sido condenados por actos de corrupción o por delitos contra la administración pública.

Por su parte, Angélica Maytín, directora general de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), ha manifestado la insatisfacción por lo aprobado, ya que la entidad presentó una propuesta que incluía la sanción a las empresas corruptas, por lo que solicitan al Ejecutivo que vete la ley.

En tanto, Anneth Planell, del Movimiento Independiente (Movin), indicó que faltó voluntad política porque hubo más de 8 meses en los cuales participaron representantes del Ministerio de Economía, Contraloría y empresa privada, donde se obtuvo un proyecto de ley más completo del que se presentó a la Asamblea Nacional.

Sin embargo, dijo que el Gobierno ignoró las notas y aportes de las diferentes organizaciones civiles .