Normativa reduce la competencia

La reducción de la competencia, que implica algunas partes del proyecto de ley 305, que reforma la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, preocupa a economistas.

   Para el economista Juan Jované, las contrataciones públicas bien hechas reducen costos, sin embargo, cuando se abren puertas, como en la reforma de la ley de contrataciones, lo que se hace es reducir la competencia entre los oferentes, encareciendo al Estado la obtención de los bienes y servicios.

Jované advirtió que "todo lo que implique menos competencia y sea más oneroso para el Estado se traducirá en que se harán menos contrataciones o simplemente no se harán".

Recordó que en todas las partes de esa ley, entre ellas el tema de fraccionar, se le encarecen las compras al Estado, lo que hace menos efectivos sus recursos.

Con esto coincide el economista Augusto García, quien afirma que la Ley de Contratación Pública es muy importante para el país en muchos sentidos y esta debe cumplir con algunos principios fundamentales.

Indicó que la misma debe alcanzar el mejor interés para el Estado, para que pueda adquirir bienes y servicios e invertir obteniendo el mayor beneficio posible de esa inversión.

Añadió que otro de los aspectos fundamentales es el principio de transparencia en los actos públicos, para generar confianza en los inversores, sobre todo extranjeros, lo que a su vez impulsa el crecimiento de la economía.

Cifras

$5,038 millones de dólares fue el monto de las inversiones extranjeras alcanzado en el 2015.

17% creció la inversión extranjera directa en el país, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

6.3% es el crecimiento económico que espera alcanzar el Estado panameño en el 2016.

Durante el 2015, Panamá fortaleció su capacidad para atraer inversiones extranjeras, alcanzando saldos por el orden de los 5,038 millones de dólares, 17% más que en 2014.

Según el último marco fiscal de mediano plazo presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se espera un crecimiento del 6.3% de la economía panameña en 2016.

García afirmó que los vacíos que pueda tener la Ley de Contratación Pública pueden hacer que empresas importantes y serias se abstengan de participar, lo que vuelve los procesos más onerosos para el Estado por el bajo nivel de competencia.

"La transparencia, desde este aspecto, debe considerarse como tal y no debe ser objeto de dudas, y tampoco ajustarse a la medida de lo que necesita una administración de turno", manifestó.

El economista agregó que el cumplimiento de estos principios es primordial para que los resultados de los procesos de inversión no estén impactados por recargos innecesarios por parte de los inversores ni inflados por intereses de particulares.

García señaló que lo contrario sería una mala señal y la desconfianza de los inversores aumentaría más ese proceso de desaceleración en las principales actividades económicas del país que ya viene, afectándose por factores tanto internos como externos.