Moratoria podría ser un alivio en medio del déficit

En medio del déficit fiscal más marcado en los últimos años y ante la falta de cumplimiento de la Dirección General de Ingresos (DGI) en materia de recaudación, se aprobó una moratoria al pago de impuesto de bien inmueble, con el cual el Gobierno pretende mejorar sus ingresos.

En cuatro de los cinco años que tiene la administración de Varela, los ingresos tributarios han estado por debajo de lo presupuestado.

El pasado mes de abril, Luis González, vocero de la DGI, señaló que con la moratoria, el Estado podría recaudar 200 millones de dólares, no obstante, dejaría de percibir $700 millones.

Durante el primer semestre del presente año, los ingresos corrientes disminuyeron un 10%, al totalizar $3,443 millones 925, cuando lo presupuestado fue $3,826 millones 872.

En el 2017, tampoco alcanzaron lo presupuestado, ya que registraron 8.7% menos. El 2016 no fue la excepción y cayeron 6.1%, y en el 2015 registraron una baja de 8.1%.

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Mientras, los ingresos tributarios que contemplan los impuestos directos e indirectos en el primer semestre de 2018 reportaron una caída de 7.8% ($2,732 millones 695) con relación a lo presupuestado, que asciende a $2,964 millones 309.

Para el economista Augusto García, la moratoria involucra un tiempo relativamente corto para que los contribuyentes paguen, por lo que la efectiva recaudación dependerá de la capacidad administrativa de la DGI en el tema.'

Datos

$48 millones se recaudó en la primera moratoria que hizo la DGI.

7.8% bajaron los ingresos tributarios (impuestos directos e indirectos) en el primer semestre 2018.

En tanto, la economista Maribel Gordón reconoció que las recaudaciones tributarias han disminuido frente a lo presupuestado y lo que se prioriza con esta ley de moratoria es recuperar algo de lo que se dejó de recibir porque la gente no está pagando.

"Este gobierno ha sido ineficaz e ineficiente en materia presupuestaria, lo cual se debe a una lectura incorrecta de la situación económica nacional e internacional. Tampoco hemos visto que intenten buscar las causas de esa deficiencia que se tiene en la planificación presupuestaria", expresó Gordón.

A juicio de la economista, se puede seguir incluyendo más ingresos a las arcas del Estado, pero mientras no se pongan una fiscalización y un control efectivo de los gastos, aquí no habrá presupuesto que alcance.

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"Podemos tener millones de dólares en las arcas del Estado, pero mientras persista una política de derroche y no atención a las prioridades nacionales, los problemas sociales van a persistir, el endeudamiento aumentará y se tendrá que hacer ajustes a la Ley de Responsabilidad Fiscal Social, y el problema no se subsanará", agregó.

La moratoria también se extiende a los intereses, multas y recargos que se generen por el no pago de las tasas únicas de sociedades y fundaciones de interés privado constituidas y debidamente registradas en la República de Panamá y las cuotas de la Caja de Seguro Social generadas por las personas naturales independientes, contribuyentes y por los trabajadores que reciben salario y honorarios.

Nuevo impuesto en 2019

A partir de enero del año 2019, empezará a regir la nueva ley de impuesto de inmueble.

La norma establece que las viviendas con un costo de hasta 120 mil dólares serán exoneradas de impuesto, las de un costo de $120,001 a 700 mil dólares tendrán que pagar el 0.5% y a las que tienen un precio de 700,001 dólares en adelante se les aplicará una tarifa de 0.7%.

En esta ley también se contempla aplicar impuestos para la segunda vivienda, las propiedades comerciales e industriales y terrenos.