Minera canadiense aboga porque Panamá respalde seguridad jurídica de inversiones

 Una empresa de capital canadiense que desarrolla la más grande explotación de cobre en Panamá abogó porque el Estado panameño respalde la seguridad jurídica de inversiones de este tipo, que contribuyen a la economía del país.

"Confiamos en que el Estado respalde la estabilidad jurídica necesaria para dinamizar la economía nacional. Puesto que, según los pronósticos de expertos nacionales e internacionales, estamos encaminados a contribuir en más del 3 % al crecimiento del PIB de Panamá a partir del año 2020", indicó un comunicado de la empresa Minera Panamá.

La reacción de la minera, que afirma ser respetuosa de las leyes del país, se da tras la decisión de una comisión legislativa del Parlamento panameño que rechazó  por "lesivo" al Estado un proyecto de Ley que busca ratificar el contrato de concesión del proyecto minero Cobre Panamá luego de que el Supremo lo pusiera en entredicho.

"Consideramos que este contrato-ley es lesivo para nuestro país porque estipula que el 98 % de todas las riquezas se vayan de Panamá", dijo el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, el opositor Nelson Jackson.

VEA TAMBIÉN: Aduanas refuerza control de carga en puertos y Canal

Por si no lo viste

Sector empresarial preocupado por rechazo de contrato entre el Estado y Minera Panamá

Colonenses protestan por falta de oportunidades laborales en Minera Panamá

El actual Parlamento, de 71 diputados y de mayoría opositora, está en sesiones extraordinarias tras las elecciones generales en el país de hace cuatro semanas.

Minera Panamá señaló que "continúa desarrollando el proyecto Cobre Panamá, "el cual actualmente emplea a más de 9,000 panameños".

Destacó que Cobre Panamá es "la mayor inversión privada en la historia de nuestro país" y que está amparada por un contrato con el Estado panameño vigente desde 1997.

"Cualquier cambio en el contrato requiere la aprobación tanto del Ejecutivo Nacional como de la Empresa", remarcó Minera Panamá.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) dijo que "mira con suma preocupación" la decisión del Parlamento de rechazar la revisión del Contrato Ley entre el Estado y Minera Panamá.

"Uno de los principales activos de Panamá, y que ha sido herramienta para atraer el capital internacional, es su seguridad jurídica; pero estas decisiones envían un mensaje equivocado a los inversionistas locales y particularmente a los de otras latitudes", indicó Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cciap.

La iniciativa legislativa, que tiene que aprobarse en tres debates para convertirse en ley, fue presentada el pasado 2 de abril por el Ministerio de Comercio e Industrias que busca ratificar el contrato de concesión del proyecto Cobre Panamá luego de que el Supremo lo pusiera en entredicho.

Con un costo de construcción de 6.300 millones de dólares, la mina Cobre Panamá es el proyecto de inversión privada más importante de la historia del país y se ubica en el área de Donoso, a 200 kilómetros al noroeste de Ciudad de Panamá, en la provincia de Colón.

La mina a cielo abierto, una de las más grandes de Latinoamérica, tiene previsto enviar su primer cargamento de concentrado de cobre en junio y exportar a pleno rendimiento 320.000 toneladas métricas, lo que en el mercado internacional equivale a 2.000 millones de dólares, el triple de lo que Panamá exporta actualmente.

El Supremo panameño declaró inconstitucional el año pasado la ley que en febrero de 1997 avaló una concesión en Donoso para la extracción de oro, cobre y otros minerales, que fue otorgada a Minera Petaquilla, también de origen canadiense.

El fallo se dio en respuesta a un recurso presentado en 2009 por el ecologista Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) al considerar que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país.

La concesión de Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá -de la que First Quantum posee un 90 %-, vencía en 2017, pero el actual Gobierno decidió prorrogarla 20 años más.

Tanto la propia First Quantum como la Administración panameña defienden que la sentencia no afecta a la mina porque lo que se declara inconstitucional es la ley que se aprobó para dar seguridad jurídica al acuerdo y no la concesión en sí misma.