Gobierno oficializa creación de la Autoridad Nacional de Aduanas

EL Gobierno oficializó ayer en la Gaceta Oficial la creación de la Autoridad Nacional de Aduanas y dictó disposiciones concernientes al régimen aduanero.

Mediante Decreto Ley No.1 de 13 de febrero de 2008, se indica que los bienes muebles y los inmuebles, así como el personal y los recursos presupuestarios y financieros, incluyendo los activos y las cuentas bancarias que se encuentren a disposición, en posesión o asignados en propiedad a la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas, pasarán a formar parte del activo y patrimonio de La Autoridad.

Al momento de la promulgación de este Decreto Ley, se indica que el Ministerio de Economía y Finanzas realizará las asignaciones presupuestarias extraordinarias para dotar a La Autoridad de los recursos necesarios para la efectiva implementación de la Ley.

Mercancías.
En la nueva legislación se señala que Las mercancías sin dueño, abandonadas y las que han sido objeto de comiso administrativamente o judicialmente o en la jurisdicción aduanera, serán aprovechadas por el Estado, quedando el Ministerio de Economía y Finanzas facultado para disponer de ellas, adjudicándolas a instituciones del Estado o de beneficencia que crea convenientes.

Respecto a las mercancías no aprovechadas por el Estado, se manifiesta que serán sometidas a subasta pública por La Autoridad o a otras formas de disposición legalmente autorizadas, previa notificación al Ministerio de Economía y Finanzas.

El producto líquido de la subasta se distribuirá de la siguiente forma: 30% a beneficio del Tesoro Nacional, 20% a favor de La Autoridad, 20% a favor del dueño de la mercancía abandonada, 20% a favor del almacén de depósito donde hayan estado las mercancías abandonadas, y 10% a favor de la agencia de transporte de carga que realice el traslado.

Los procedimientos de subasta y de otras formas de disposición de las mercancías serán establecidos en el reglamento.

La Autoridad, en el plazo de 90 días, presentará una cuenta final a la Contraloría General de la República.