Gobierno canceló $1,836 millones de cuentas heredades por Varela

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pagó durante los primeros seis meses de gestión, mil 836 millones de dólares en cuentas atrasadas heredadas del Gobierno de Juan Carlos Varela.

En un informe al que tuvo acceso el Panamá América se detalla el pago a los productores nacionales por la suma de $39.1 millones en concepto de compras directas para programas sociales y subsidios no pagados.

Estos pagos beneficiaron a 732 productores de arroz, maíz y leche en el último semestre del año pasado.

Además se gestionaron pagos al sector educativo por la suma de $39.3 millones en concepto de aumentos salariales pactados, beneficiando a 36 mil educadores de los planteles públicos.

Además el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) gestionó el pago de $732.8 millones que habían registrados como cuentas atrasadas del gobierno de Varela con más de 4 mil empresas proveedoras de bienes y servicios del Estado .

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Las deudas heredadas por el Gobierno de Cortizo también se extendieron a los bancos privados que por varios años en la gestión de Varela se les dejó de pagar los saldos de las tasas de interés preferencial, un subsidio a la primera vivienda que se traslada a través de los créditos hipotecarios.

Se gestionaron pagos por la suma de $438.8 millones a más de 20 bancos que financian viviendas de interés preferencial.'

$421.4

millones pagó el Gobierno a la Caja de Seguro Social, en deudas atrasadas.

$82

millones pagó el Gobierno en concepto de subsidio eléctrico atrasado.

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El 13% se canceló en efectivo y el 87% en títulos del Tesoro Nacional, detalló el informe al que tuvo acceso Panamá América.

El gobierno también logró pagar una deuda a la Caja de Seguro Social por la suma de $421.4 millones correspondientes a aportes adeudados, cuotas obrero patronal y subsidios a los programas de Enfermedad y Maternidad e Invalidez Vejez y Muerte, entre otros.

También el gobierno hizo pagos por la suma de $82.0 millones correspondientes al Subsidio Eléctrico, beneficiando a casi un millón de hogares con el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

Se conoció que el Gobierno asumió la obligación por pagar de $83.0 millones que la Zona Libre de Colón adeudaba al Banco Nacional de Panamá, por la ampliación de la autopista Panamá Colón.

El MEF indicó que para poder cancelar las cuentas y obligaciones por pagar, se gestionó ante la Asamblea Nacional ajustes al presupuesto de la nación 2019 que involucró la aprobación de partidas presupuestarias para poder hacerle frente a estos compromisos financieros.

Sin embargo, pese a este esfuerzo de las autoridades por poner las cuentas al día, con la crisis por el COVID-19, se volvieron a acumular cuentas por pagar a los proveedores, que según algunas fuentes, se debe al proceso de refrendo por parte de la Contraloría General.

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Recientemente, el presidente de la Cámara de Comercio Jean-Pierre Leignadier, solicitó al Gobierno para que efectúen los pagos adeudados a los proveedores, de modo que empiece a circular dinero en el país.

Indicó que ya el Gobierno anunció el nuevo desembolso del vale digital, sin embargo, a la fecha no hay un procedimiento para que los supermercados presenten sus cuentas y se le cancele lo adeudado.

"La Dirección GeneraI de Ingreso nos habló del plazo que les está tomando entendemos que es una situación compleja, pero hace más de un mes desde que inició el plan solidario y debió haber más coordinación", dijo Leignadier, quien considera que hay un "atoramiento" en los ministerios e instituciones, por lo que es un tema de trámite interno que el Gobierno tiene que mejorar para la reactivación económica del país.

Leignadier considera que hay preocupación porque mientras se actúa en el sector de la salud también se necesita que el Gobierno concentre esfuerzos para la recuperación socioeconómica.

Además la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) también solicitó el pago adeudado por la terminación de obras públicas y propuso mecanismos bancarios para agilizar los desembolsos.

La CAPAC ha sugerido a los representantes de las entidades contratantes, entre otras cosas, el cumplimiento inmediato de los trámites de revisión y aprobación de cuentas por avance de obra, que faciliten a las entidades contratantes una programación de pago tomando en consideración las limitaciones financieras del gobierno nacional.

Para el economista Augusto García dijo que el lento refrendo de la Contraloría General es parte de la ineficiencia del sector público.

"En primer lugar la manera como se hace las contrataciones públicas y muchas veces en los contratos adolecen de las formalidades que establece la ley y la Contraloría lo rechaza porque no se cumple con el procedimiento. Otro aspecto es la dinámica que establece la institución que envía el contrato y lo que observa la Contraloría, lo que hace que el proceso sea ineficiente", señaló.

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