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A pesar de que la Ley 37, con la cual los gastos escolares serán deducibles del impuesto sobre la renta, es considerada positiva, hay quienes afirman que también representa una forma en que el Gobierno se está distanciando de su responsabilidad con la educación nacional.

La Ley 37 del 5 de junio pasado adiciona un numeral al artículo 709 del Código Fiscal que establece que una vez computada la renta gravable sobre la que se ha de pagar el impuesto sobre la renta, las personas naturales tendrán derecho a que los gastos escolares sean deducibles hasta un tope de $3,600 por cada dependiente.

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Entre los gastos a los que hace referencia la ley se encuentran la matrícula y mensualidad escolar, útiles y uniformes escolares y el transporte, relacionados con el primer nivel de enseñanza o educación básica general y el segundo nivel o educación media.

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El economista Augusto García señaló que una ley como esta pareciera tener buenos propósitos, pero también genera otro efecto, y es que la responsabilidad de la educación es del Estado y pareciera que con esta iniciativa se vaya divorciando o alejando de esa responsabilidad que tiene.

Panamá cuenta con aproximadamente 850 mil estudiantes, de los cuales 130 mil son de escuelas particulares.'

20

mil estudiantes de escuelas particulares migraron a las escuelas públicas.

2,500

dólares anuales le cuesta al Estado la educación de cada estudiante.

Los 720 mil estudiantes del sector público le cuestan al Estado alrededor de 1 millón 800 mil dólares al año, tomando como promedio un gasto de $2,500 por estudiante.

De acuerdo con Kathya Echeverría, vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep), este gasto en el que incurre el Gobierno por estudiante muchas veces sobrepasa el costo de la anualidad de algunos colegios particulares.

Echeverría también destacó que la aprobación de esta ley permitirá que padres de familia, principalmente profesionales de clase media, continúen manteniendo a sus hijos en las escuelas particulares, pero también podría incentivar la migración de estudiantes de escuelas públicas a las privadas.

Reconoció que con esta aprobación se reconoce la situación crítica que han tenido que enfrentar los colegios particulares sobre el acuerdo de huelga con docentes del sector oficial que impacta al sector particular, lo cual produjo el cierre de algunas escuelas y que los colegios han hecho esfuerzos para mantener centros abiertos.

Ante el aumento a los docentes, los colegios particulares hicieron incrementos de la matrícula y anualidad de hasta un 60%, lo que motivó que muchos padres de familia no pudieran mantener sus hijos en los colegios particulares.

Echeverría destacó que hace dos años había registrados 150 mil estudiantes en el sector privado y que hasta el 2017 sumaban 130 mil y están en espera de cifras oficiales del 2018, ya que muchas escuelas reportaron bajas en la matrícula.

Sin embargo, un estudio de la Contraloría General indica que hasta el primer semestre del 2017 la actividad económica de la enseñanza privada creció 9.6%, en medio de advertencias del sector de que un número indeterminado de colegios particulares se verán forzados a cerrar por problemas económicos.

La ley también incluye a los estudiantes universitarios dependientes de sus padres relativo al pago de matrícula y horas crédito, y también incluye a los contribuyentes que sufraguen sus propios estudios.

Giovanny Fletcher, representante de los consumidores, indicó que es una medida positiva porque reconoce el esfuerzo que hacen los padres de familia, sobre todo los de clase media, que envían a sus hijos a escuelas particulares ante la situación en la pública.